El conflicto registrado en la industria maquiladora y manufacturera de Matamoros, derivará en la cancelación de proyectos de expansión, la salida de empresas y el consecuente desempleo, además de afectar la imagen del municipio y de México a nivel internacional por la falta de certidumbre a los inversionistas.

En este sentido se expresó el presidente de Index Matamoros, Rolando González Barrón, quien abundó que 15 maquiladoras anunciaron su salida del país derivado del paro iniciado hace algunos días en 45 compañías, acusando que representantes de al menos 17 empresas del ramo automotriz prácticamente fueron obligados a firmar el acuerdo en los términos legales que exigían los obreros.

Detalló que en 32 de las maquiladoras donde estalló la huelga se cancelaron proyectos de expansión, mientras que 3 de ellas anunciaron su salida inmediata de la ciudad, considerando que entre algunos industriales crece el ánimo de retirarse de la frontera en un plazo de 6 meses.

González Barrón consideró que cuando se estaba por llegar a un acuerdo llegó gente que ocasionó un grave daño a la comunidad y empezaron a imponer, sin que se diera de por medio alguna negociación, al tiempo en que vaticinó que en los próximos 2 a 6 años Matamoros podría vivir un éxodo similar al registrado hace tres décadas, cuando se dio la salida de 64 empresas que dejaron a 35 mil personas desempleadas.

Dijo que actualmente hay 10 empresas que están solicitando la inexistencia de la huelga con aún 15 mil trabajadores fuera de las plantas, aunque esta situación resulta inútil ante la negativa del contingente que se mantiene afuera de las maquiladoras para liberar los accesos.

Rolando González expuso que en consecuencia comienza a vislumbrarse que las empresas prefieran irse al interior del país, dejando desolada a esta frontera que no registraba casos de huelgas en los últimos 30 años, y que este conflicto no afecta solo la imagen del municipio, sino del país en general ante los ojos del mundo, al quedar de manifiesto que el país no tiene autoridad para controlar a la gente, ni brinda certidumbre jurídica para los inversionistas.