El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca propuso a sus homólogos
integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO),
formar un frente en contra del tráfico de armas, que es en la
actualidad, uno de los principales detonantes de la violencia en el
país.

García Cabeza de Vaca participó en la reunión de la Comisión de
Seguridad de la CONAGO, realizada en la Ciudad de México y que fue
presidida por el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa y a
la que también acudió el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel
Osorio Chong.

En dicho encuentro, los Gobernadores analizaron los alcances de la Ley
en materia de Desaparición y el Sistema Nacional de Búsqueda de las
Personas, promulgada por el Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto el pasado 16 de noviembre, y las obligaciones de las entidades
federativas en ese sentido.

Durante su participación, el Gobernador García Cabeza de Vaca
reconoció los avances en materia legal para combatir esta problemática
pero dijo que es importante tomar medidas de mayor alcance para evitar
que las desapariciones forzadas vuelvan a ocurrir.

«Uno de los objetivos que se tienen no solo es la ubicación de las
personas desaparecidas, sino asegurarnos que no vuelva a suceder, y
eso depende de las acciones que llevemos a cabo», dijo.

Reconoció que parte del problema que hoy existe en México en materia
de personas desaparecidas, fue ocasionado por responsabilidad, omisión
o complicidad de funcionarios y servidores públicos con la
delincuencia organizada.

«Pongo sobre la mesa un tema que generalmente no se toca y se nos
olvida también, que toda esta violencia no hubiera sido posible si
estos delincuentes no hubieran tenido armas, es un problema muy serio
que seguimos teniendo en el país, la introducción de armas de otros
países, especialmente de Estados Unidos», apuntó el mandatario
tamaulipeco.

Ante tal situación, propuso que en una siguiente reunión de la CONAGO
se trate el tema del tráfico de armas y la necesidad de que se
emprendan acciones conjuntas, entre gobiernos de los estados y la
Federación, para el combate a ese delito.