La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió este martes
una recomendación para el Gobierno de Tamaulipas por el incumplimiento
de la Procuraduría General de Justicia a una recomendación de la
comisión estatal por la investigación del homicidio del periodista
Roberto Javier Mora García, ocurrido en 2004.
Además, pidió al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca,
instruya la reparación integral del daño ocasionado al familiar
directo de la víctima conforme a la Ley de Atención a Víctimas para el
Estado, para lo cual se le deberá inscribir en el Registro Estatal de
Víctimas a fin de que tenga acceso a la indemnización.
También le recomendó instruya al procurador General de Justicia de
Tamaulipas sacar de la reserva la indagatoria del homicidio del
periodista y dé continuidad a la investigación, en la que se agoten
las diligencias conducentes y relacionadas con su labor periodística,
entre otras.
La recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
Tamaulipas (CODHET) data de 2005; en ella se pidió que agotara las
investigaciones relativas al homicidio de Mora García, director
editorial del periódico ‘El Mañana’ ocurrido el 19 de marzo de 2004 en
Nuevo Laredo.
Dicha recomendación fue aceptada por esa autoridad.
Sin embargo, no se cumplió por lo que se presentaron diversas quejas
por dilación y falta de resultados en la averiguación previa.
Por ello, en mayo de 2017, se presentó un recurso de impugnación en
contra del cumplimiento de la Procuraduría General de Justicia estatal
a la Recomendación 13/2005, pues a 13 años de haber sido emitida, no
había realizado una investigación eficiente, exhaustiva, profesional,
imparcial y orientada a explorar todas las líneas de investigación
relacionadas con la actividad periodística de la víctima, entre otras
omisiones.
Al intervenir en el caso, la CNDH contó con evidencias que acreditan
falta al deber de debida diligencia y violación al derecho humano de
acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia,
atribuible a personal de la PGJT, ya que ordenó la reserva de la
indagatoria, y no se advierte que haya agotado las líneas de
investigación relacionadas con la actividad periodística de la víctima
.
Además no realizó las diligencias necesarias para subsanar las
omisiones e irregularidades señaladas en la Recomendación 13/2005.
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