Tras el fallo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), en donde determinó el no ejercicio de la facultad de atracción
del expediente penal de Gastón Azcárraga Andrade, dueño de la fallida
Mexicana de Aviación, el caso regresará al Sexto Tribunal Colegiado en
Materia Penal para que se emita una sentencia sobre la demanda
interpuesta por la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA) en
contra el exempresario.

Esta resolución, emitida el 14 de marzo pasado, abre la posibilidad de
que exista una sentencia penal sobre la probable comisión de delitos
señalados en la Ley del Mercado de Valores.

En un comunicado, ASPA destacó que este hecho resarce la justicia “que
durante ya ocho largos años ha sido escatimada a más de 8 mil
trabajadores” de la extinta aerolínea.

“Es trascendente para ASPA de México el que se haga justicia y no
exista impunidad, por lo que el resolutivo de la Suprema Corte hace
honor al deseo (tanto) de los pilotos aviadores (como) del resto de
los trabajadores de la extinta Mexicana de Aviación para que en breve
se finquen las responsabilidades pertinentes y en su momento se
resarza a los afectados sus derechos conculcados”, resaltó la
organización.

En particular, a Azcárraga se le responsabiliza de haber difundido
información falsa al público inversionista con respecto al valor real
de la compañía, así como de no haber informado a la Bolsa Mexicana de
Valores acerca de la suspensión de operaciones de Mexicana de Aviación
y Click, ocurrida el 27 de agosto de 2010.

Estas dos denuncias, sin embargo, no tienen que ver con la orden de
aprehensión girada en 2014 en contra del expresidente del Consejo de
Administración de Mexicana de Aviación y sus subsidiarias, y que en su
momento fue desechada por el máximo tribunal.

Pese a ello, la defensa de Azcárraga solicitó el amparo y protección
de la justicia federal (expediente 322/2017) mediante la facultad de
la SCJN para atraer ambos casos. Este proyecto fue defendido por el
ministro Eduardo Medina Mora, quien anteriormente fuera procurador de
la República en el sexenio de Felipe Calderón, y embajador de México
en Estados Unidos en la administración actual.

En última instancia, seis ministros votaron por desechar la facultad
de atracción contra cinco que se pronunciaron por atraerla.

Hasta el momento, ni Ulrich Richter, quien encabeza la defensa
jurídica de ASPA, ni Alonso Aguilar Zínser, abogado de Azcárraga, se
han pronunciado al respecto.