NUEVO LAREDO, Tam., 08 de Mayo.— En desacato a una suspensión de amparo, otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito, autoridades estatales realizaron el traslado de 3 periodistas detenidos en esta frontera y los llevaron a otro penal, aun no revelado.

Marisa Quintanilla de la Garza, subsecretaria de Reinserción Social de CEDES Tamaulipas y el coordinador Vladimir Alonso Lopez, son señalados como los responsables del ilegal traslado.

“Hacemos responsables de los que pueda sucederle a los 3 periodistas, Gabriel Garza, Luis Valtierrez y Jesús Zuñiga, al gobernador del estado, Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca y al procurador de Justicia, Irving Barrios Mujica”, señaló Raymundo Ramos Vazquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

Margarita Hernandez, madre de Luis Valtierra, denuncio que además de haberse orquestado una detención injustificada, basada en declaraciones de un “testigo protegido” que recibió un pago de 2 millones de pesos, ahora se suma esta irregularidad, al trasladarlos a otro penal.

Desde temprana hora, los familiares de los 3 periodistas, estuvieron fuera del penal de Nuevo Laredo, al ser notificados de que iban a ser llevados a otro penal, pese a que contaban con una suspensión de amparo contra traslado, otorgada por el Juzgado Tercero de Distrito en esta frontera.

“No sé hasta cuando el señor Cabeza de Vaca, va a seguir violentando los derechos humanos de nuestros hijos y del señor Gabriel, no es justo” señaló Doña Margarita Hernandez.

A las 15:00 horas del martes, en medio de un aparatoso dispositivo de seguridad, que incluyo la presencia de 3 patrullas de la Policía Estatal y 5 unidades de la Policía Investigadora, los 3 periodistas, fueron sacados del penal de Nuevo Laredo y llevado a otro reclusorio en Tamaulipas.

Los familiares de Luis Valtierra, Jesús Zuñiga y Gabriel Garza, así como amigos y compañeros, se manifestaron desde temprana hora, hasta su traslado, tratando de evitar se realizara la ilegal acción, que entra en desacato a un Juez Federal.

Los tres periodistas, fueron detenidos por agentes de la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, donde el procurador Irving Barrios Mujica, dio la orden de implicarlos en el homicidio del reportero independiente, Carlos Domínguez, con base a declaraciones de un brujo y ex policía –ex convicto por secuestro- que tras recibir un pago de 2 millones de pesos, declaro como “testigo protegido”.