La Conferencia Nacional de Gobernadores firmó con autoridades
electorales federales y estatales la Declaración por la Democracia y
la Legalidad en donde se asumen los compromisos de generar las
condiciones para la realización del proceso electoral en el que no
habrá injerencia, de ningún tipo que afecten el proceso electoral. El
presidente en turno de la Conago, Arturo Nuñez ofreció que no habrá
malversación de recursos públicos ni uso electorero de los programas
sociales.

Con la presencia de 11 gobernadores, los presidentes del Instituto
Nacional Electoral, Lorenzo Córdova y del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, Janine Otálora, así como los presidentes de
los organismos locales, Nuñez también planteó también que desde los
gobierno se asumirá el compromiso de “no caer en la tentación de
convertirse en actores políticos por la vía de la procuración de
justicia, la propaganda gubernamental o el uso de los recursos.

En su oportunidad, Córdova destacó la importancia de que en este
proceso electoral los gobiernos, de los tres niveles, se abstengan de
intervenir e interferir en el proceso electoral así como garantizar
las condiciones de seguridad y paz para celebrar las elecciones. Pidió
a los actores políticos, partidos y candidatos a respetar las reglas
del juego para asegurar la función civilizatoria del sistema
electoral.

Esto pasa por el pleno respeto del gasto en las contiendas
electorales, si bien mencionó que el INE ha reforzado sus esquemas de
fiscalización para lo cual ha intensificado sus relaciones con la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría ed Hacienda y la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores. “Se han construido mecanismos
de colaboración para cuidar, entre otros aspectos, que no ingresen
recursos públicos”.

En la declaratoria se establece que “el fortalecimiento de la
democracia es una condición esencial para la protección de los
derechos políticos en el estado mexicano, por lo que garantizar
condiciones de equidad en la contienda electoral y el adecuado
desarrollo de los procesos constituyen obligaciones fundamentales, no
sólo de las autoridades electorales sino de cualquier autoridad del
estado en sus tres niveles de gobierno”.

Por ello, la Conago, el INE, el TEPJF y la Fiscalía Especializada para
la Atención a Delitos Electorales asumen el compromiso de generar las
condiciones para el desarrollo de los procesos electorales en todo el
país; que se coadyuvará en el respeto a la autonomía de las
autoridades electorales y de los derechos político electorales de los
ciudadanos.

La Fepade se comprometió a “continuar con las acciones necesarias para
prevenir, investigar y perseguir los delitos de su competencia”.

Asimismo, se convoca a a los candidatos y partidos a que se conduzcan
con apego a los principios de legalidad y ética en los procesos y se
hizo un llamado “a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para
que sean enérgicas y vigilantes de la procedencia, ejercicio y límites
de los recursos y aportaciones para las campañas y, en su caso, se
impongan las sanciones pertinentes a quienes violen la ley en materia
electoral”.