Por el un caso de desaparición forzada en Nuevo Laredo Tamaulipas, una jueza federal impuso al Secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, cinco multas que suman 40 mil 300 pesos.

Los hechos se registraron en el mes mayo y fueron denunciados por la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos.

Por lo anterior, fue la jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla Macías Lovera, quien ordenó, entre otras cosas, que se remitiera copia certificada de la bitácora de los operativos que se hicieron en el momento de la desaparición de las personas.

En dicho informe piden detallar la hora, el nombre de los elementos, las calles y colonias en donde realizaron los patrullajes, en qué unidades y si contaban con sistema GPS.

Ante esto, el titular de la SEMAR, Vidal Francisco Soberón, ha promovido en días recientes varios amparos con los que busca impugnar el cobro de las multas, que corresponde al SAT.

«Remita copia certificada de la bitácora o registros de los operativos que esa institución realizó en la fecha de la desaparición del quejoso, informe si en la fecha indicada se realizaron patrullajes o recorridos por parte de elementos de esa institución, proporcione el nombre de los elementos, así como por qué calles y colonias se realizaron, la hora en que fueron realizados, las unidades en las que se llevaron a cabo dichos patrullajes o recorridos y además informe si las unidades tenían sistema de localización GPS o algún otro sistema de rastreo», ordenó la jueza cuando admitió cinco amparos a principios de junio.
Dichos amparos fueron promovidos a nombre de Marco Antonio Romero Sánchez, Mauricio Toledo Cervantes, Edgar Treviño Ochoa, Noé Alférez Hernández, Rubén de la Fuente Serna, y otras personas privadas de su libertad, supuestamente por elementos de la Armada, el pasado 10 de mayo.
El 2 de julio, Macías Lovera regañó a la Marina por el trámite burocrático que le ha dado a las órdenes del juzgado.
«Para el despacho de sus asuntos, el Secretario de Marina tiene sobre los comandantes, en su categoría de almirantes, lo que la doctrina conoce como ‘poder de mando’. Esta facultad hace innecesario que este órgano jurisdiccional vincule a cada unidad de la Secretaría de Marina para que ejecute los actos necesarios para el cumplimiento de los requerimientos formulados», indicó.
La desaparición forzada de personas, recordó, es un delito grave de lesa humanidad, según tratados internacionales.
Como parte de los amparos, la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Procuraduría General de la República (PGR) ya obtuvo los registros y geolocalización de los teléfonos celulares de los desaparecidos y de las últimas personas que se comunicaron con ellos, también por orden de la jueza.
Otra orden a la PGR es que publique en su portal de internet los avances de su investigación sobre este caso, lo que debe cumplir la próxima semana.

Por otra parte, el Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, fue multado con 8 mil 60 pesos por no presentar a declarar en calidad de testigo a un militar requerido en un proceso penal.

Salvador Cienfuegos también interpuso un amparo para impugnar el pago, mismo que ya le fue otorgado.