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El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, aceptó hoy ser
extraditado a México para enfrentar los cargos que le han sido
imputados por el gobierno federal.
Tras una diligencia judicial este martes en la Ciudad de Guatemala,
Duarte regresaba a la prisión de alta seguridad de Matamoros, donde
permanecerá hasta en tanto se acuerda su traslado a México y este
procedimiento podría tardar entre cinco y diez días.
El presidente del Tribunal Quinto de Sentencia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente, señaló que la resolución se fundamenta en
los tratados de extradición. En virtud del consentimiento de Duarte,
las autoridades guatemaltecas actúan en consecuencia.
El tribunal admite la aceptación voluntaria de Duarte y se ordena su
entrega inmediata a las autoridades que lo demandan, dijo el
magistrado.
Además, ordenó que el ex mandatario se ponga a disposición del
Ministerio del Exterior de Guatemala para que coordine con las
autoridades mexicanas su entrega.
«He decidido allanarme a la solicitud formal de extradición con
relación a los delitos federales por delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita, ya que no cometí
tales delitos y es mi deseo así acreditarlo ante el Poder Judicial de
la Federación de mi país», dijo el ex mandatario en la audiencia.
En abril de este año la Fiscalía General de Justicia de Veracruz
obtuvo dos órdenes de aprehensión por un total de seis delitos en
contra de Javier Duarte por tráfico de influencias, incumplimiento del
deber legal, peculado y abuso de autoridad.
Por los cargos que le fincó la fiscalía veracruzana el ex gobernador
de Veracruz ya aceptó su extradición.
La Fiscalía de Guatemala dijo que el ex gobernador de Veracruz podría
recibir condena de hasta 40 años de prisión por delincuencia
organizada y 15 por operaciones con recursos de procedencia ilícita
José Galdámez, fiscal guatemalteco, señaló que los delitos federales
de que se acusa a Javier Duarte son procedentes para conceder su
extradición a México, ya que en ambas naciones existe coincidencia
entre la sanción delictiva, y señaló que no se trata de acusaciones
políticas.
Duarte declaró hoy ante magistrados guatemaltecos que en la solicitud
de extradición en su contra no se señala que su nombre o alguno de sus
familiares aparezcan mencionados como personas que hubieran pretendido
ser ejidatarios en el Ejido Lerma, en el estado de Campeche, por la
adquisición ilegal de 21 parcelas en esa zona.
La Procuraduría General de la República (PGR) incluyó en su solicitud
de información y como parte de las pruebas en contra del ex
mandatario, que la compra de esas parcelas fueron parte de las
maquinaciones delictivas a través de las cuales se realizaron
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los ex socios de Duarte revelaron a la PGR la forma en que se
desviaron recursos federales y estatales para la creación de empresas
fachada y la adquisición ilegal de 21 parcelas en el Ejido Lerma.
Se trató de ocultar el origen del dinero para la adquisición de
inmuebles y operaciones empresariales y luego de pretendió hacer pasar
como ganancias legales los recursos que obtuvieron las empresas
fachada con la sobrprecio de los predios adquiridos en Campeche.
El defensor de Duarte, Carlos Velázquez, dijo que las acusaciones
incluidas en la solicitud de extradición no logran demostrar en qué
momento existe el vínculo del imputado con los señalamientos por los
cuales se pidió su entrega a México.
«En ningún caso se logró probar que esa organización supuesta de
carácter delincuencial está liderada o que Javier Duarte tuvo alguna
participación, simplemente son señalamientos que son una manera en que
los encargados de la persecución penal, digan cuál es su participación
en el hechos», dijo el abogado.
La audiencia se desarrolló en el Tribunal Quinto de Sentencias
Penales, donde tuvo lugar la primera diligencia en la que se le
notificó al acusado la petición de extradición que formuló el gobierno
de México.
Javier Duarte de Ochoa, quien fue gobernador del estado de Veracruz de
diciembre de 2010 a octubre de 2016, fue detenido el pasado mes de
abril en Panajachel, Guatemala, luego de seis meses de haber sido
declarado prófugo de la justicia mexicana, al haberse librado una
orden de aprehensión por parte de un juez federal con sede en la
Ciudad de México, en el que se le acusa de haber desviado recursos
públicos a más de 40 empresas fachada y a cuentas personales, así como
haber llevado a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita.
