Entre acusaciones de que hay ya un acuerdo PRI-PAN para nombrar a un
titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos
Electorales (Fepade), “grato al poder”, el pleno del Senado aprobó la
convocatoria para iniciar el procedimiento, de la que se eliminó el
requisito de no haber sido dirigente partidista o candidato a cargo de
elección popular en los últimos seis años.

Entregar la persecución de los delitos electorales a un personaje
ligado a los partidos políticos convertirá a la Fepade “en el
secuestrador declarado” de los comicios del 2018, advirtió ante el
pleno el senador Zoé Robledo, del PT Morena.

El coordinador de esa bancada, , Manuel Bartlett advirtió que es
lamentable que al final el PAN se hay sumado al PRI para elegir como
fiscal electoral “a un empleado” del presidente Enrique Peña Nieto,
que le garantice que no sigan adelante las investigaciones sobre los
sobornos de Odebrecht a su campaña electoral del 2012.

El vicecoordinador, Miguel Barbosa, advirtió que hay cuatro grupos
parlamentarios que avalaron una convocatoria que “lleva ya
dedicatorias especiales”. Es un acuerdo para definir nombres, lo demás
son formalismos, dijo e insistió en que no se trata de un reparto de
cuotas entre PRI y PAN, sino en ponerse de acuerdo en los dos nombres:
el del titular de la Fepade y del Fiscal General de la República.

Ya tienen al candidato y seguramente es alguien que tiene militancia
partidistas, recalcó a su vez el senador Alejandro Encinas. Ello,
recalcó a su vez la senadora Dolores Padierna “sólo traerá
desprestigio al Senado”.

Una semana después de que se había presentado ante el pleno esa
convocatoria, fue aprobada finalmente hoy, primero en lo general, con
86 votos a favor, 15 en contra y dos abstenciones. Sólo cuatro
panistas y los integrantes del PT Morena, 8 se manifestaron en contra.

La votación en lo particular, fue muy cerrada, 64 a favor, 33 en
contra y una abstención, ya que un mayor número de panistas. El
senador Barbosa resaltó que la reserva para eliminar el candado que
impedía a dirigentes partidistas o legisladores acceder al cargo de
fiscal electoral, fue presentada por Manuel Cárdenas, “quien propone
cosas cuando el PRI no quiere dar la cara”.

Cárdenas, suplente de la fallecida Mónica Arriola y que llegó al
Senado luego de un juicio ante el Tribunal Electoral, ya que una
militante de quien llegó a la Cámara por Nueva Alianza y se convirtió
en independiente, argumentó que quitar el candado antipartidista era
necesario porque no forma parte de los requisitos para ser fiscal
electoral que se establecen en la Ley de la Procuraduría General de la
República (PGR) y pidió cumplir la ley.

El coordinador perredista Luis Sánchez lo refutó y advirtió que si de
verdad quiere que se cumpla la ley, debe tomar en cuenta la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la panista
Pilar Ortega recordó que el candado se justifica en la reforma
constitucional del 2018 y el también legislador del PAN, Héctor Flores
insistió en que el Senado tiene facultades para establecer los
requisitos que debe cubrir el titular de la Fepade.

El senador Zoé Robledo puso en evidencia a Cárdenas, dijo que además
de presentar esa reserva que va por un fiscal militante, antes propuso
otra, para “matar la ley 3 de 3, que el PRI avaló de inmediato”.

A nombre del PRI, la senadora Verónica Martínez, sólo repitió que
estarían violando la ley y fueron los panistas Roberto Gil y Javier
Lozano, los que expusieron una amplia argumentación a favor de
eliminar el perfil apartidista del fiscal, e incluso el primero llamó
ignorante a su compañero Flores.

De acuerdo con la convocatoria aprobada, el Senado deberá nombrar al
fiscal la segunda semana de diciembre, días antes de cerrar el
período.