El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en medio de exclamaciones
de júbilo de todas las bancadas, eliminar de la Constitución la
inmunidad, conocida como fuero, que por décadas ha permitido a
funcionarios y legisladores no ser procesados penalmente por delitos
que se les imputan, y evidentes actos de corrupción que, reconocieron
hoy los legisladores, ha creado un manto de impunidad que contribuyó
al desprestigio de la clase política.

Por primera vez, la Cámara de Diputados -y en espera de que el Senado
lo ratifique- decidió que también el Presidente de la República puede
ser sometido a un juicio penal y también a juicio político.

Con 370 votos en favor y después de un consenso general que se
reflejó, primero en la votación de Puntos Constitucionales, los
partidos representados en la Cámara decidieron respaldar la enmienda
que tiene como base 32 iniciativas de diputados, de congresos
estatales y de una propuesta ciudadana.

El dictamen aprobado por la Cámara indica, respecto de una exigencia
que tiene al menos tres décadas, respecto de permitir que el jefe del
Ejecutivo también pueda ser enjuiciado “un tema tratado por la
sociedad consiste en una figura emblemática de servidor público: el
Presidente de la República. Por ello se elimina el primer párrafo del
artículo 108 constitucional”. Tal precepto define que el Presidente,
durante su encargo, “sólo podrá ser acusado por traición a la patria y
delitos graves del orden común”.

En el caso de los diputados federales y senadores, se suprimió la
obligación de que, cuando sean acusados de cualquier delito para que
sean procesados, se exija un juicio de procedencia. No obstante y para
preservar la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, se
mantiene la obligación de los presidentes de las dos cámaras de
Congreso de velar por el respeto y la inviolabilidad de los edificios
donde se sesiona.

Para la Cámara, la consecuencia inmediata que se espera con la entrada
en vigor de la reforma, si ésta es avalada por el Senado y después por
el Constituyente Permanente, será “los primeros casos en los que no
operaría la figura del fuero constitucional y los implicados
enfrentarían el proceso penal, como cualquier otro ciudadano”.

En la Cámara de Diputados están pendientes tres casos de desafuero, el
de Tarek Abdalá, quien fue tesorero en el gobierno de Javier Duarte de
Ochoa y que fue acusado por la Fiscalía de Veracruz por peculado; de
Alberto Silva, ex vocero de Duarte y Bárbara Botello Santibáñez,
señalada por la Fiscalía de Guanajuato, de peculado cuando fue
alcaldesa de León.