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Aprueba Senado con 123 votos de manera unánime el esquema de apoyos para el bienestar
CDMX.- El senado de la República aprobó por unanimidad con 123 votos el dictamen que reforma los artículos 4 y 27 de la Carta Magna, elevando a rango constitucional los apoyos y programas diseñados estratégicamente para los sectores poblacionales más vulnerables del país, así lo dio a conocer la senadora de la República Olga Patricia Sosa Ruíz, al hablar de este hecho histórico que representa un acto de justicia social.
«Nos llena de orgullo pertenecer a este movimiento humanista entregado al pueblo, que procura su bienestar y defiende a los humildes, a los históricamente oprimidos, a los que fueron excluidos del desarrollo nacional y que hoy reivindicamos sus derechos y sus justas demandas sociales» declaró la senadora de Tamaulipas.
Sosa Ruíz acotó que ha sido la Cuarta Transformación, la que dio el paso decisivo para elevar los programas de bienestar a derechos sociales, significando un triunfo histórico para la construcción del estado constitucional del bienestar, recordando que en el año 2020 dijeron que la reforma de bienestar sería el punto de partida y hoy se les da continuidad, con los derechos que se están otorgando de manera progresiva.
Ante el pleno del Senado, señaló que el dictamen amplía el universo de beneficiarios de los programas de bienestar, reduciendo de 68 a 65 años la edad para recibir la pensión de adultos mayores, que actualmente otorga apoyos a más de 14 millones de personas en todo el país.
En ese tenor se emplea la cobertura actual de 1.6 millones de la pensión, para personas con discapacidad permanente menores de 65 años, para que la federación y las entidades federativas garanticen la entrega de la pensión, como también es el estado quien garantizará la rehabilitación de personas con discapacidad, dando prioridad a quienes sean menores de 18 años.
Señaló además como un hecho histórico, que los apoyos para campesinos, agricultores y pescadores también tengan la categoría de rango constitucional y refrendó el compromiso de proteger los derechos, al garantizar recursos suficientes conforme al principio de progresividad, que garantiza que no se va a disminuir el monto de los recursos en el presupuesto Federal.
