Acusan en Chihuahua uso político de aspirantes a jueces: pactos, padrinos y presiones

12 Abr 2025 | Nacional

Por: Redacción

Chihuahua, Chihuahua.- El proceso para elegir a los nuevos jueces en el estado de Chihuahua —que por primera vez será mediante voto ciudadano este primero de junio— ha comenzado a mancharse por denuncias de favoritismos, tráfico de influencias y presiones políticas. Aspirantes de municipios como Jiménez, Camargo y Delicias están bajo la lupa por sus vínculos partidistas y el presunto uso de estructuras sindicales o cargos públicos para obtener ventaja.

“¿Cómo van a ser estas personas imparciales cuando se deben a las fuerzas políticas?”, cuestionan juristas y organizaciones civiles que exigen un proceso limpio y equitativo, donde sea la ciudadanía quien decida libremente, sin injerencias ni presiones externas.

En Ciudad Jiménez, la candidata a jueza penal Lourdes Navarro Vázquez —actual coordinadora de la Defensoría Pública— fue señalada por pactar con el líder sindical Francisco “Paco” Moreno el ingreso de su sobrina, Marcela Tapia Moreno, a ese mismo órgano, a cambio del respaldo político del personal sindicalizado.

En Ciudad Camargo, Dora Serrata Aceves, exsíndica municipal, es acusada de aprovechar su red de contactos para posicionarse como favorita. Es la única aspirante con presencia en medios locales, mientras que los demás contendientes han sido invisibilizados.

Mario Jiménez, también de Camargo, ha hecho carrera como operador político más que como profesional del derecho. Sin experiencia judicial, busca la magistratura tras haber ocupado cargos como coordinador del PAN, secretario del Ayuntamiento y coordinador de gabinete.

En Delicias, Álvaro Alexis Alvarado recibe apoyo directo de Fito Trillo, exalcalde con fuerte peso político. Ambos habrían activado redes para favorecer la candidatura, lo que compromete la equidad del proceso.

Esta elección representa un avance democrático histórico: por primera vez en México la ciudadanía podrá elegir a jueces, magistrados y ministros. Se trata de un ejercicio sin precedentes que requiere transparencia, vigilancia ciudadana y neutralidad institucional.

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