Texas se apresta a aplicar la pena de muerte este miércoles al
mexicano Roberto Moreno Ramos, sentenciado al castigo capital por el
homicidio de su esposa y sus dos hijos en febrero de 1992, en lo que
vendría a ser una nueva violación a tratados y fallos judiciales
internacionales.
Moreno Ramos, de 64 años, podría convertirse en el mexicano número 12
en ser ejecutado en Estados Unidos, desde 1993 cuando se le aplicó la
pena de muerte a Ramón Montoya Facundo, el primer connacional en
recibir ese castigo tras la reactivación de la pena capital en este
país.
De no proceder las peticiones interpuestas por abogados y organismos
de derechos humanos, Moreno Ramos recibirá la inyección letal en punto
de las 18:00 horas del próximo miércoles en la cámara de la muerte de
la Unidad Carcelaria Walls, en la comunidad de Huntsville, Texas, al
noroeste de Houston.
La semana pasada el reo, quien permanece recluido en el pabellón de la
muerte de la Unidad Carcelaria Polunsky, en Livingston, Texas, se negó
a conceder una entrevista a Notimex y no se conoce que haya aceptado
hablar con la prensa en fechas recientes.
Moreno Ramos, originario de la comunidad de El Ciruelo, en el
municipio de Pinotepa Nacional, en el estado mexicano de Oaxaca, fue
sentenciado a la pena de muerte en marzo de 1993.
Un jurado de una corte del condado de Hidalgo, en el sur de Texas, lo
declaró culpable de haber dado muerte con golpes de martillo a su
esposa Leticia Ramos, de 42 años, a su hija Abigail de siete y a su
hijo Jonathan de tres años, el 7 de febrero de 1992 en la comunidad
fronteriza de Progreso.
Los cuerpos de los tres fueron encontrados semanas después enterrados
bajo el baño de la casa donde vivían. Moreno Ramos fue detenido
semanas después del crimen, para ser cuestionado luego de que los
parientes de su esposa comenzaran a preocuparse.
De acuerdo con las autoridades, Moreno Ramos, asesinó a su familia
para casarse de nuevo tres días después de haber cometido los
homicidios. Al ser cuestionado por la policía, el mexicano confesó
haber dado muerte a su esposa, pero después de que ella matara a sus
dos hijos.
En mayo de 2017, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos,
rechazó revisar una apelación interpuesta por sus abogados en la que
buscaban un nuevo proceso para su cliente al argumentar que en su
detención y juicio se violaron sus derechos como extranjero.
Moreno Ramos es uno de los 51 mexicanos que están amparados por el
fallo de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ordena
a Estados Unidos el revisar todos sus casos dado que en sus
detenciones y juicios se les violaron sus garantías como ciudadanos
extranjeros.
El derecho de un reo extranjero a recibir la asistencia consular de su
país cuando es detenido por las autoridades en otra nación está
garantizada en el Tratado de la Convención de Viena Sobre Relaciones
Consulares de 1963 ratificado por Estados Unidos, México y más de un
centenar de otras naciones.
La CIJ ordenó a Estados Unidos suspender las ejecuciones de los reos
mexicanos, hasta que sus casos fueran revisados bajo la consideración
de la violación de sus derechos a la denominada notificación consular.
Las cortes estadOunidenses han dictaminado que no existe ninguna
obligación vinculante para los estados de acatar dicho fallo, pero
varias entidades como Oklahoma, Arkansas, Nebraska y Nevada tomaron
acciones a raíz del dictamen de la CIJ para asegurarse que las
violaciones a los derechos consulares de los reos mexicanos reciban
una completa y justa revisión.
Dichas revisiones permitieron que las sentencias de muerte dictadas
contra los mexicanos Osvaldo Torres Aguilera, en Oklahoma y Rafael
Camargo Ojeda, en Arkansas, hayan sido conmutadas por cadena perpetua
y que Carlos Pérez Gutiérrez, en Nevada, este a la espera de un nuevo
juicio.
Sin embargo, a más de 14 años del dictamen de la CIJ, Texas continua
siendo la única entidad del país que ha ignorado el dictamen y lo ha
desafiado con la ejecución de cinco mexicanos amparados por la Corte
Internacional bajo el dictamen conocido como “fallo Avena.
De los diez mexicanos que han sido ejecutados en Texas, a cinco de
ellos se les aplicó la pena de muerte en flagrante violación al
dictamen de la CIJ, incluyendo a José Ernesto Medellín, en agosto de
2008; Humberto Leal en junio de 2011; Edgar Tamayo, Arias, en enero de
2014, Ramiro Hernández Llanas, en abril de 2014 y Rubén Ramírez
Cárdenas, el 8 de noviembre de 2017.
Texas ha podido violar el fallo de la CIJ, luego de que la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos, determinara en el litigio previo
a la ejecución de José Ernesto Medellín, que el mexicano si tenía
derecho al amparo del fallo de la CIJ, pero que Texas no estaba
obligado a acatar el dictamen de la Corte Internacional.
La determinación de la Suprema Corte puso al descubierto el vacío
legal que existe en Estados Unidos, donde se carece de una ley que
obligue a las entidades a cumplir los tratados internacionales que
este país firma con otras naciones del mundo.
Desde entonces ha habido tímidos intentos de promover iniciativas en
el Congreso de Estados Unidos para aprobar una ley que obligue a las
entidades a cumplir los tratados internacionales que Estados Unidos
firma con otras naciones del mundo.
