El estado de Texas ejecutó el miércoles a un mexicano que asesinó a su
familia en Estados Unidos, ante la oposición del gobierno de México y
de expertos de la ONU y la OEA, que alegaron una violación del derecho
internacional.

Roberto Moreno Ramos, de 64 años, fue pronunciado muerto a las 21:36
locales (03:36 GMT del jueves) tras recibir una inyección letal en la
penitenciaría de Huntsville, a unos 100 km al norte de Houston.

«Estoy muy agradecido de todo el arduo trabajo del consulado mexicano
al pelear por mi sentencia de muerte», señaló el reo en su declaración
final, en la que también mostró su gratitud por el «trato humano»
recibido en las dos cárceles en las que estuvo y por haber obtenido
finalmente del gobernador su «viejo reloj de oro».

«Gracias, Dios. Señor, envíame un carruje. Estoy listo», dijo.

Moreno fue condenado a muerte por asesinar a martillazos a su esposa y
a sus dos hijos, de siete y tres años, en 1992 en la ciudad de
Progreso, cerca de la frontera con México, donde la familia había
estado viviendo durante varios años, según documentos judiciales.

Tras enterrar los cuerpos debajo del baño de su casa, a los tres días
se casó con su amante, quien no tenía idea de que su novio tenía una
familia. Los cadáveres recién fueron encontrados dos meses después.

En los 25 años que estuvo en «el corredor de la muerte», los abogados
de Moreno intentaron varios recursos, todos sin éxito, argumentando
que padecía problemas mentales.

México y defensores de los derechos humanos denunciaron que Moreno no
haya podido recibir asistencia legal de su consulado, un derecho
garantizado por la Convención de Ginebra de 1963, de la cual Estados
Unidos es signatario.

«Franca violación»

«El gobierno de México condena enérgicamente la ejecución del
connacional en Texas», señaló el canciller mexicano, Luis Videgaray,
en su cuenta en Twitter. «La pena de muerte es una violación esencial
de los derechos Humanos, así como una sanción cruel e inhumana».

La cancillería mexicana recordó en un comunicado que Moreno es el
sexto mexicano ejecutado «en franca violación» al fallo emitido por la
Corte Internacional de Justicia (CIJ) hace 14 años.

En 2003, el gobierno mexicano llevó el caso de Moreno, así como el de
otros 50 condenados a muerte en Estados Unidos, ante la CIJ, principal
órgano judicial de la ONU.

El alto tribunal con sede en La Haya dictaminó en 2004 que se habían
violado sus derechos consulares y ordenó una revisión. Pero la Corte
Suprema de Estados Unidos sentenció en 2008 que los estados del país
no estaban obligados a cumplir las decisiones de la CIJ.

Expertos de las Naciones Unidas dijeron el martes que «cualquier
sentencia de muerte ejecutada en contravención de las obligaciones
internacionales de un gobierno sería arbitraria».

«Pedimos que se anule su sentencia de muerte y que se vuelva a juzgar
al señor Moreno Ramos en cumplimiento del debido proceso y de las
normas internacionales», señalaron en un comunicado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que emitió en 2002
medidas cautelares a favor de Moreno, también pidió un nuevo juicio
conforme al debido proceso.

Con la ejecución de Moreno, Estados Unidos ha llevado a cabo 21
ejecuciones desde principios de año, incluyendo 11 en Texas, según el
Centro de información sobre la pena capital (CPIC), una ONG con sede
en Washington.