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La próxima semana, el estado de Texas (EU) pretende ejecutar al
mexicano Rubén Ramírez Cárdenas, acusado de violar y asesinato a su
prima, en 1997, pero su defensa informó que solicitó nuevas pruebas de
ADN para demostrar su inocencia.
Rubén Ramírez es originario de Guanajuato, tiene 47 años, y el próximo
miércoles con una inyección letal administrada pasadas las 18.00 hora
local (23.00 GMT) en la prisión de Huntsville (Texas), será ejecutado
si la estrategia de la defensa no logra detenerlo.
En 1998, Ramírez recibió su condena a muerte por el secuestro,
violación y asesinato de su prima, Mayra Laguna, de 16 años. El cual
ocurrió el 22 de febrero de 1997 en McAllen, Texas.
De acuerdo con el jurado, él y Tony Castillo, su cómplice, entraron a
la casa de Mayra por la ventana de su habitación, se la llevaron, la
violaron, la estrangularon y abandonaron el cuerpo en un canal de la
localidad de Edinburg, vecina a McAllen.
Aunque Ramírez Cárdenas confesó el crimen y él y Castillo condujeron a
los investigadores hasta el cuerpo de Mayra, en México, su abogada
Maurie Levin, asevera que esa confesión se obtuvo bajo “coacción”, es
decir, que su cliente confesó durante los 11 días que pasó detenido
sin que le asignaran un abogado.
La abogada ha solicitado al estado de Texas que suspenda la ejecución
de su cliente para permitir nuevas pruebas de ADN a los restos que
quedaron en las uñas de Laguna, con las que confía que Ramírez
Cárdenas demuestre su inocencia.
El tribunal ya rechazó la petición de la defensa, pero la abogada
presentó este lunes un recurso ante el Tribunal de Apelaciones
Criminales de Texas, máxima instancia penal en el estado que ha
suspendido algunas ejecuciones en los últimos meses, esto debido a
cambios legislativos.
Además, la abogada alega que la ejecución del mexicano violaría una
sentencia de 2004 de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) conocida
como “Fallo Avena”, que ordenó reconsiderar los casos de 51 mexicanos
condenados a muerte en Estados Unidos.
En esos casos, según el fallo, se violó el derecho de los reos a
solicitar asistencia legal a su país, tras ser detenidos.
