Días después de darle al gobierno federal su firma, Richard Drawe se
detuvo junto a su esposa y su madre en un dique que su familia ha
poseído por casi un siglo, para observar las grullas y las espátulas
rosadas.

Un muro fronterizo que aceptó colocar en su terreno a regañadientes,
pronto separará a esta familia tejana de todo ese paisaje: el dique,
un lago, un campo de cebollas y todas esas aves.

Drawe, de 69 años, duda que el muro haga mucho por detener la
inmigración ilegal, y aunque apoya al Presidente que lo ordenó, cree
que la construcción “arruinará” su vida. Sin embargo, razona que
vender el terreno de una vez era una opción preferible -y más
económica- a enfrentar al gobierno en los tribunales, sólo para
terminar perdiendo las tierras de todas formas. El muro, las luces y
las carreteras se van a construir en unas 4.8 hectáreas que su abuelo
compró en los años 20, y le quitarán las invaluables vistas del río
Bravo que tanto atesora.

“Finalmente nos rendimos. Si me hubieran ofrecido un millón de dólares
para construir el muro, lo habría rechazado si hubiera tenido la
certeza de que no lo construirían. No quiero el dinero. Mi vida está
aquí”, expresó.
La Casa Blanca espera que más propietarios a lo largo de la frontera
tomen la misma decisión y ayuden al presidente Donald Trump a cumplir
su promesa de campaña de construir 724 kilómetros de nuevo muro
fronterizo para el 2021.

La lista de desafíos que aún enfrenta el muro “grande y hermoso” de
Trump incluye una investigación a los contratos de construcción,
demoras en el financiamiento y una decisión legal reciente de bloquear
el acceso de emergencia a los fondos del Departamento de Defensa para
construirlo. La orden judicial nacional ha restringido, por ahora, la
construcción del muro en 281 kilómetros en Laredo y El Paso, Texas; en
Yuma, Arizona, y en El Centro, California.

Pero el acceso a terrenos privados como los de Drawe, puede ser el
mayor obstáculo entre el Presidente y su muro.

Los propietarios pueden permitir voluntariamente a las autoridades
acceder e inspeccionar sus terrenos y, si los funcionarios deciden que
la quieren, aceptar la oferta del gobierno. O pueden ir a los
tribunales para pelear por una compensación mayor.

Pero de acuerdo con esta ley, el gobierno puede iniciar la
construcción incluso antes de que los propietarios reciban el pago
completo.

Becky Jones se prepara para pelear. El gobierno le mandó recientemente
a Jones, de 69 años, y a su familia, una carta informándoles que se
preparaban para llevarlos a juicio si no les permitían a los
funcionarios inspeccionar sus campos agrícolas para la construcción
del muro fronterizo.

Para Jones, la construcción socava lo señalado en la ley de
presupuesto del Congreso del 2019, que afirma que los terrenos dentro
del Refugio Nacional de Vida Silvestre de Santa Ana, adyacente a su
propiedad, estarían exentos del muro.

Jones dijo que la construcción que se realizará en la carretera a lo
largo del refugio perjudicará la vida silvestre que creció admirando.