Expertos y activistas aseguraron hoy que la ley SB4, cuyo objetivo es
prohibir las «ciudades santuario» en Texas, está «muy recortada»
después de que el Tribunal de Apelaciones del Distrito Quinto emitiese
su fallo sobre ella este lunes.

«Los tres mayores componentes de esta ley siguen bloqueados o fueron
muy recortados ayer por el tribunal de apelaciones», explicó hoy en
una conferencia telefónica la vicepresidenta de litigios del Fondo
Méxicoamericano para la Educación y Defensa Legal (MALDEF), Nina
Perales.

Así, la letrada recordó que el panel de tres jueces del tribunal con
sede en Nueva Orleans (Luisiana) decidió mantener el bloqueo en las
secciones de la ley que prohíben las políticas «santuario» y en las
que aplican sanciones y penas de cárcel a los alguaciles y policías
locales que decidan proteger a los indocumentados de la deportación.

Además, el tribunal de apelaciones no aceptó la disposición de la
legislación que acarrea multas de hasta 25.000 dólares para aquellos
empleados públicos que hablen en contra de la SB4 o propongan otras
políticas de inmigración, como estipula el texto de la polémica ley.

Sin embargo, explicó que a partir de ahora no se prohibirá a las
autoridades locales ayudar a los agentes de inmigración y se obligará
a las cárceles a colaborar con el Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), después
de hacer una revisión «caso por caso».

«Básicamente estamos en el mismo punto de antes de la SB4: entró en
efecto solamente una pequeña parte que afectará a aquellos que cometan
un delito e ICE requiera detener dentro de un período máximo de 48
horas posterior a su teórica puesta en libertad», sintetizó Perales.

El fallo de este tribunal de apelaciones, uno de los más conservadores
del país con una mayoría de jueces nombrados por los expresidentes
republicanos George W. Bush y Ronald Reagan, llegó después de que
Texas apelase la decisión de una corte federal de distrito de San
Antonio (Texas), que bloqueó esta legislación dos días antes de que
entrase en efecto el pasado 1 de septiembre.

El magistrado, Orlando García, ordenó entonces el bloqueo temporal de
la ley SB4, que quiere obligar a las autoridades locales a colaborar
con los agentes federales de inmigración y les permite indagar el
estatus migratorio de cualquier persona en busca de indocumentados,
incluso durante una parada por cuestiones de tránsito.

«Esto sigue siendo en gran medida una victoria para las comunidades de
inmigrantes y la policía local que han resistido la SB4», señaló en un
comunicado el director legal de la Unión para las Libertades Civiles
en América (ACLU) en Texas, André Segura.

El abogado indicó que es importante que los sheriffs y policías
locales puedan seguir imponiendo limitaciones «de sentido común»
cuando cooperen con el ICE y ser capaces de marcar las guías de
trabajo de sus equipos.

«Contrario a los deseos del gobernador de Texas, Greg Abbott, y del
fiscal general, Ken Paxton, los oficiales locales no son reclutados
para cumplir con todos los deseos de la fuerza de deportación del
presidente (Donald) Trump», finalizó.

No obstante, la cofundadora de United We Dream, Julieta Garibay, que
también participó en esta sesión informativa, señaló que la SB4 es una
ley «racista» en cualquier forma que se presente y criticó la agenda
estatal y nacional, que dijo tiene como objetivo «aterrorizar» a la
población inmigrante.

«Es una vergüenza que la gente del sureste de Texas, que continúa
trabajando duro para retomar sus vidas después de Harvey, se sientan
atacados continuamente a nivel estatal y nacional», añadió la
activista al recordar la situación de muchas personas que aún se
recuperan del devastador paso del huracán.

Garibay también recordó a este respecto otras medidas como los vetos
migratorios de Trump, la propia SB4 y la eliminación del programa
DACA, que ha protegido de la deportación a unos 800.000 jóvenes
indocumentados llegados al país en la infancia.