A lo largo de más de 11 kilómetros, en el poblado fronterizo del
Ébano, al sur de McAllen, Texas, se levanta un muro de por lo menos 5
metros de alto que no mandó construir el presidente Donald Trump.

Es una pared que se erige con la donación de 25 millones de dólares
que 500 mil norteamericanos han hecho para que la organización We
Build the Wall Incorporated la levante a lo largo del río Bravo.

El muro se localiza en la propiedad de George Cudahy, un veterano de
guerra que donó sus 75 acres a las orillas del río para que el muro se
extienda. Vecinos acusan a Cudahy de permitir la construcción del muro
sin contar con estudios del terreno ni de impactos ambientales.

José Alfredo Cavazos, de 72 años, vecino de Cudahy y propietario de 70
acres continuos al territorio donde se levanta el muro, señaló que el
gobierno federal lo ha presionado a él y a vecinos de esa zona para
que den continuidad al proyecto del muro construido por los
pobladores.

 “Este señor compró ahí porque yo digo que es un hombre que odia a la
raza y ahí lo ves, duerme ahora más a gusto porque cree que con eso
ya. Nos quieren quitar parte para poner un camino para checar la pared
que quieren poner en la orilla del río.

“En nuestra familia podemos decir que nosotros no cruzamos la
frontera, la frontera nos cruzó a nosotros porque hemos estado aquí
desde antes que hubiera Estados Unidos en 1770″, cuenta Reynaldo
Cavazos, primo hermano de José Alfredo y veterano de Guerra.

Los Cavazos han construido al menos 30 casas de campo que rentan para
los fines de semana a los aficionados a la pesca y el jet sky. El
proyecto del presidente Donald Trump pretende levantar un muro que
atravesaría las propiedades de los Cavazos y que dejaría sus casas de
campo del lado mexicano.

Como los Cavazos, al menos siete familias en McAllen han demandado al
gobierno estadunidense por intentar expropiar los terrenos para
construir el muro de Trump. Efrén Olivares, de Texas Civil Rights
Project, la organización que lleva los casos de estas siete familias,
asegura que la primera fase es acceder “al terreno para realizar
mediciones con GPS y tener una determinación exacta para saber cuántas
van a expropiar.

De los siete casos cinco están en esa etapa” . “La ley federal de
expropiación es muy favorable al gobierno, hay una presunción de que
el gobierno tiene el derecho de expropiar una propiedad privada para
uso público ya desde un principio empezamos en desventajas, lo que
buscamos aquí es que por los menos las familias reciban una cantidad
digna por sus propiedades”, explica Efrén en sus oficinas de McAllen.

Aleida García es otra de las demandantes. en noviembre el gobierno
federal le ofreció cien dólares por su terreno. Su propiedad es
herencia de cinco generaciones que se criaron junto al río, un lugar
donde además cruzaron decenas de migrantes a lo largo del tiempo. “Han
venido de Chiapas, de Guatemala, de Honduras, chinos, bastantes
chinos, que ha pasado por aquí y que es duro platicar con ellos”,
cuenta Aleida.

Pese a las desventajas, estas familias están dispuestas a darlo todo
en la corte y evitar que el odio hacia los mexicanos y
centroamericanos llegue hasta sus propias tierras. “No sabemos cuándo
se va a hacer este muro, pero lo van a usar a como dé lugar, si no es
por arriba es por debajo, de nada serviría”, concluye Aleida.

Hoy se define el futuro del TP-01 El presidente Andrés Manuel López
Obrador informó que es muy probable que hoy se defina el futuro del
avión presidencial TP-01 José María Morelos y Pavón.

En su conferencia matutina, en la que no aceptó preguntas, explicó que
este martes sostendrá una reunión y ahí tomará la decisión definitiva
sobre la aeronave que está valuada en 2 mil 500 millones de pesos.

De acuerdo con el Presidente, una fecha tentativa para la rifa es el
próximo 5 de mayo; prevé que una parte de los boletos se venda al
sector empresarial y la otra directamente a los expendedores de
cachitos de lotería en las calles.