El pastor Ángel Campos recibió un mensaje de voz que lo aterrorizó. Alguien dijo que sus hijos deberían ser violados.

La llamada llegó solo después de que aparecieron publicaciones en las redes sociales que documentaban sus esfuerzos para ayudar a los refugiados e inmigrantes liberados de custodia, junto con otras iglesias en Arizona que trabajan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, para ayudar a los solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Nadie puede decir quién hizo la llamada. Pero es parte de una táctica, según el Southern Poverty Law Center (SPLC), usada por grupos para asustar a los activistas. Varios grupos contra la inmigración en Arizona han grabado recientemente videos y los han publicado en Facebook para alentar a las personas a contactar a los pastores e iglesias que ayudan a los solicitantes de asilo.

Y luego comenzaron las confrontaciones en persona, entre grupos a veces virulentos contra la inmigración e iglesias que intentaban ayudar a los que buscaban asilo. Ahora esa batalla se va a desarrollar en un tribunal federal.

Pastores e iglesias en el área de Phoenix y a los alrededores están demandando a los grupos Patriot Movement AZ y AZ Patriots, así como a varias personas, alegando que están “ilegalmente intimidando, amenazando, acosando” e invadiendo las propiedades de la iglesia cuando vienen a gritarles a las iglesias que dejen a los inmigrantes. La demanda se presentó el martes en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Arizona con la ayuda de abogados del Southern Poverty Law Center.

“El hostigamiento que hemos sufrido es ilegal, aterrador y absolutamente inaceptable”, dijo Campos a CNN. “Los acusados han hecho que niños, voluntarios y el personal se sientan temerosos, amenazados e intimidados”.

La demanda ofrece una vista a los métodos y mensajes de algunos de los oponentes más organizados a la inmigración cerca de la frontera de los Estados Unidos con México.

La demanda nombra dos grupos con sede en Arizona, que alguna vez fueron un grupo pero que se dividieron. Los pastores e iglesias también nombraron específicamente al fundador de Patriot Movement AZ, Lesa Antone, y a otro líder del grupo, Russell “RJ” Jaffe. Se presume que Antonio Foreman, quien según la demanda ha visitado al menos una iglesia con el grupo, está afiliado a múltiples grupos de odio nacionalistas blancos y asistió a la reunión “Unite the Right” en Charlottesville. La demanda también menciona a Jennifer Harrison y Jeremy Bronaugh, que eran miembros de Patriot Movement AZ antes de separarse y crearon su propio grupo, AZ Patriots.

El pastor Campos dice que ha sido filmado y acusado de que le están pagando para ayudar a los inmigrantes, y asegura que Harrison y Antone han acusado a su iglesia de “violar la ley”, así como de “ayudar e instigar”, según la demanda. Antone discutió con un voluntario en la iglesia de Campos cuando “alguien entre los demandados cantó ‘dale un puñetazo’”, según la demanda.

“Los videos invasivos y las declaraciones falsas que los acusados han publicado en Internet nos han acusado de delitos y también han deshumanizado a las personas a las que estamos tratando de ayudar”, dijo Campos. “Estamos en constante temor por nuestra seguridad y la seguridad de nuestras familias y los miembros de la comunidad que apoyan nuestro trabajo.

“Hacemos este trabajo porque creemos que hay un poder superior que nos ayuda a todos. Al igual que otras iglesias, queremos seguir ayudando a todos los miembros de la comunidad de Phoenix, incluidos los más vulnerables entre nosotros”.

Jennifer Harrison le dijo que no había visto la demanda, pero dice que cree que sus acciones están “protegidas por la primera enmienda”.

“Nos oponemos a la inmigración ilegal. Nos oponemos a las personas que ingresan ilegalmente al país y nos oponemos a las iglesias que ayudan y apoyan y ofrecen un viaje gratis y recompensan a las personas que ingresan ilegalmente a este país bajo la falsa pretensión de asilo”, le dijo .

“No se han infringido leyes. No hay informes de la policía sobre haber entrado a propiedad privada. Estamos obrando dentro de nuestros derechos. El hecho de que no les guste lo que estamos diciendo no lo convierte en un acoso”.

Lesa Antone le dijo que no había “violado ninguna ley”, pero que tampoco había visto la demanda y no podía hacer más comentarios. “Es una demanda frívola de un grupo ilegítimo que se dirige a los conservadores y estadounidenses conservadores y que recibo con agrado”.