En un acto sin precedentes en la historia peruana, la Corte Suprema
anuló un indulto humanitario al exdictador Alberto Fujimori y ordenó
su retorno a la cárcel para que termine de cumplir su larga condena
por abusos contra los derechos humanos; ayer, tras la determinación
judicial, el político peruano japonés salió de su casa rumbo a una
clínica local en una ambulancia.
Imágenes difundidas por las televisoras locales mostraron al
exmandatario acompañado de su hijo menor, Kenji Fujimori, un
legislador suspendido; ambos bajaban de una ambulancia apoyado en un
bastón, para ingresar al sanatorio Centenario Peruano Japonesa, donde
el hombre revisa el estado de su salud. En las afueras del centro
médico se encontraban varios agentes de la policía judicial.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez, apeló la decisión judicial y
argumentó, a través de un documento mostrado a los medios, que en caso
de reingresar a prisión, el expresidente sufriría “un inminente riesgo
de muerte súbita” debido a que tiene 80 años.
El juez supremo, Hugo Núñez, revocó el perdón y ordenó la captura de
Alberto Fujimori para que culmine su sentencia de 25 años por el
asesinato de 25 peruanos en su gobierno, en la década de 1990.
Aunque en enero su partido cuestionó “la forma en qué se logró” el
indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la hija y
líder opositora, Keiko Fujimori, comentó a la prensa que era el “día
más triste” para su familia.
Es “extremadamente doloroso saber que un juez le ha quitado la
libertad a mi padre, señalando que como no está moribundo no tiene
derecho a un indulto humanitario”, agregó.
Keiko, excandidata presidencial, cuyo grupo político domina el
Parlamento unicameral, formuló un llamado a sus enemigos políticos:
“les digo ya basta, pongan un alto y un límite al cálculo político, al
odio, al ensañamiento”, reseñó AP.
La vocera del partido fujimorista, Úrsula Letona, culpó al gobierno
del presidente Martín Vizcarra en la decisión de anulación del
indulto. “Es una clara intromisión de lo que pasa en el poder
judicial”, dijo.
El gobierno y la oposición fujimorista mantienen un choque de poderes,
luego que Vizcarra se tornó popular por impulsar reformas contra la
corrupción, entre ellas del poder judicial.
“NO HAY VENGANZA”, ES JUSTICIA. De acuerdo con Gloria Cano, abogada de
las 25 víctimas asesinadas entre 1991 y 1992, en manos de Fujimori, en
la decisión judicial no existía “ninguna venganza”.
“Fujimori no había cumplido la mayor parte de su sentencia, no había
pagado la reparación civil y no había pedido perdón a los familiares
de las víctimas, como lo estableció la Corte Interamericana de
Derechos Humanos”, declaró a AP.
Cano también denunció que la excarcelación de Fujimori, ordenada en la
víspera de la Navidad de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo
Kuczynski, había sido un “pacto político para lograr impunidad” entre
Kuczynski y un grupo parlamentario ligado a Kenji, el hijo menor de
Fujimori, en momentos en que Kuczynski tenía un gobierno debilitado y
enormes presiones de la oposición parlamentaria.
En su decisión registrada en un documento de 224 páginas, el juez de
la causa explicó que el indulto “es incompatible con las obligaciones
internacionales que vinculan al estado peruano, entre ellos la
Convención Americana de Derechos Humanos; además, hay pronunciamientos
del Tribunal Constitucional, según los que no procede el indulto en
delitos de lesa humanidad”.
La Corte Interamericana dio a los tribunales de Perú hasta este mes
para verificar si el indulto era legal de acuerdo con las leyes
internas e internacionales a las que Perú está suscrito.
La administración de Kuczynski justificó el indulto a Fujimori porque
supuestamente padecía de “una enfermedad progresiva, degenerativa e
incurable”, aunque no brindó pruebas de ello.
El Dato: El exmandatario permanece hospitalizado, luego de conocerse
la orden judicial para reaprehenderlo.
