Un día después del plazo final ordenado por un tribunal para que el
gobierno estadounidense reuniera a niños con sus padres, de quienes
fueron separados en la frontera con México, activistas por los
derechos se centrarán el viernes en ayudar a las familias que
enfrentan la deportación.
Padres e hijos fueron separados como parte de la política de
«tolerancia cero»de Washington ante la inmigración ilegal. En junio,
para cuando el gobierno del presidente Donald Trump ordenó detener las
separaciones ante la indignación pública, cerca de 2 mil 500 niños
habían sido alejados de sus padres.
El gobierno estadunidense dijo esta semana que 900 menores enfrentaban
las órdenes finales de salida del país e informó que había reunido a
mil 442 menores con sus padres, aunque grupos de inmigrantes dijeron
que el esfuerzo de cumplir con el plazo judicial era caótico.
Este viernes se realizará una audiencia judicial sobre el tema y los
alegatos de los abogados de los migrantes probablemente se centren en
cómo reunir a 711 pequeños aún separados de sus padres. Más de la
mitad de esos padres ya no están en Estados Unidos, según datos
oficiales, y grupos de derechos han dicho que parecen haber sido
deportados sin sus niños.
Este viernes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles
(ACLU), grupo que presentó la demanda que llevó al fallo por la
reunificación, argumentará ante una corte en San Diego que las
familias tienen que estar juntas antes de ser deportadas.
La ACLU ha dicho que los padres necesitan tiempo para considerar sus
derechos legales y los de sus hijos, a quienes los progenitores
podrían decidir dejar en Estados Unidos para pedir asilo de forma
independiente.
Pero funcionarios gubernamentales afirman que ya le dieron tiempo a
los padres para considerar sus opciones, que ya se les notificaron sus
derechos legales y se les entregó información de contacto para
abogados.
Un fallo del juez Dana Sabraw, en San Diego, determinó que Washington
debía reunir a los niños con sus padres, aunque su resolución no
aplicaba para padres con antecedentes criminales o aquellos que ya
habían sido deportados.
