San Salvador, El Salvador.- El anuncio fue hecho tras una reunión entre el presidente salvadoreño Nayib Bukele y el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien calificó la propuesta como «sin precedentes» y «extraordinaria» en el contexto de la actual crisis migratoria global.
Detalles del acuerdo, aún inciertos
Aunque el compromiso ha generado impacto, todavía no se conocen los términos específicos del acuerdo ni cómo se implementaría. Expertos en inmigración y derecho constitucional han comenzado a cuestionar la legalidad de la medida, especialmente en lo que respecta a la deportación de ciudadanos estadounidenses a otro país.
Por ahora, la administración de Bukele no ha dado más información sobre cómo se definiría quiénes serían aceptados en El Salvador, ni las condiciones bajo las cuales se recibirían.
Implicaciones políticas y legales
El acuerdo podría ser visto como un movimiento estratégico de Bukele para fortalecer su relación con Washington, pero también plantea serias dudas sobre su viabilidad legal.
En EE.UU., deportar a ciudadanos propios va en contra de principios constitucionales, lo que podría desencadenar desafíos judiciales y resistencia política.
Además, este tipo de medidas suelen estar acompañadas de acuerdos económicos o de cooperación, por lo que es posible que Washington ofrezca beneficios a El Salvador a cambio de aceptar a los deportados.
¿Un nuevo modelo de control migratorio?
Si se concreta, este acuerdo marcaría un precedente sin comparación en la región y podría cambiar la dinámica de las políticas migratorias de EE.UU., que tradicionalmente han enviado a deportados a sus países de origen, pero no a terceros países.
Por ahora, queda la incógnita de cómo se desarrollará esta propuesta y si realmente llegará a aplicarse, mientras surgen dudas sobre su legalidad y los efectos que podría tener en la política salvadoreña.