El gobierno de Nicaragua ordenó la salida inmediata de la misión de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ACNUDH) que monitoreaba la situación de los nicaragüenses en
medio de la represión y la violencia en el país.
La presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos
(CENIDH), Vilma Núñez, confirmó que la misión recibió la orden de
abandonar el país en un plazo de dos horas, y fustigó la decisión del
gobierno del presidente Daniel Ortega.
La orden es “absurda, insólita y desesperada” y es un mensaje
“gravísimo” que se envía a la comunidad internacional de que al
gobierno de Ortega no le interesa el tema del respeto a los derechos
humanos, lamentó Núñez.
El gobierno de Ortega invitó al ACNUDH para que monitoreara la
situación de derechos humanos en el país el pasado 19 de junio junto
con la Comisión de Verificación y Seguridad creada en el marco del
Diálogo Nacional entre representantes gubernamentales y grupos de la
sociedad civil.
En una nota dirigida a Marlene Alejos, representante regional para
América Central del ACNUDH, el Ministerio nicaragüense de Relaciones
Exteriores le comunicó que debido a que cesaron las razones, causas y
condiciones por las que se invitó a la agencia, se daba por concluida
la visita.
El documento, firmado por el canciller Denis Moncada, recordó que el
gobierno invitó al ACNUDH con el propósito de que acompañara a la
Comisión de Verificación y Seguridad a fin de asegurar el
desmantelamiento de los tranques, establecidos por los manifestantes
antigobierno durante las protestas.
“Este ministerio comunica que da por concluida la invitación y
finalizada la visita a partir de hoy 30 de agosto de 2018”, dice el
oficio. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si los
miembros de la misión de la ONU ya salieron de Nicaragua.
Expulsión después de informe sobre represión
El movimiento de Managua se produce dos días después de que el ACNUDH
publicó su informe sobre la grave represión del gobierno nicaragüense,
el cual ha violadorepetidamente los derechos humanos de la población
desde que inició la crisis sociopolítica en abril pasado.
En su reporte, publicado el pasado miércoles, el ACNUDH asegura que
desde el inicio de las protestas contra Ortega y su esposa, la
vicepresidenta Rosario Murillo, existe un “uso excesivo de la fuerza”
y que “lejos de reconocer su responsabilidad el gobierno culpa a la
oposición de pretender un golpe de Estado.
El organismo pidió al gobierno asegurar que las investigaciones en
torno a los crímenes ocurridos incluyan a quienes directa o
indirectamente los perpetraron, ordenaron, apoyaron o toleraron,
porque “estos actos no deberían quedar sin sanción”.
Asimismo, pidió al Consejo de Derechos Humanos y a la comunidad
internacional monitorear la evolución de la crisis sociopolítica de
Nicaragua, considerando la adopción de medidas para prevenir un mayor
deterioro de la situación de los derechos humanos.
El gobierno de Nicaragua rechazó “de manera integral” el informe y un
día después informó al ACNUDH que daba por concluida la visita de la
misión al país, donde la represión y la violencia han dejado más de
400 muertos, decenas de encarcelados ilegalmente, centenares de
desaparecidos y miles de desplazados.
El embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados
Americanos (OEA), Carlos Trujillo, escribió en Twitter: “el gobierno
de Nicaragua sigue aislando a la comunidad internacional. Esto no
ayudará a su causa. Esperamos las próximas semanas las audiencias de
la ONU y la OEA”.
Por su parte, el obispo nicaragüense Silvio Báez criticó la expulsión
como “un acto irresponsable frente a la comunidad internacional”, y
afirmó que ello demuestra la falta de voluntad política del gobierno
para respetar los derechos humanos, dialogar y buscar caminos para la
democratización del país.
