Los 14 países que conforman el Grupo de Lima desconocieron unánimemente las elecciones en Venezuela, que permitieron la reelección de Nicolás Maduro por seis años más, por no haber sido un proceso democrático, libre, justo y transparente.
De acuerdo con la instancia multilateral en la cual están Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, las elecciones en Venezuela no cumplieron con los estándares internacionales, por lo que acordaron reducir sus relaciones diplomáticascon Venezuela.
En un comunicado, los países miembros informaron que llamarán a consultas a los embajadores en Caracas y expresarán su desacuerdo a personal diplomático de Venezuela.
Ante esta situación, las 14 naciones exhortaron a presentar una nueva resolución sobre la situación que priva en la nación sudamericana en el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos.
Los países reiteraron su preocupación por la profundización de la crisis política, económica, social y humanitaria que ha deteriorado la vida en Venezuela, que se ve reflejada en la migración masiva de venezolanos, por lo que llamaron a implementar acciones de carácter humanitario, mismas que se discutirán en la primera quincena de junio en una reunión que el grupo sostendrá en Perú.
Además informaron que intensificarán y ampliarán el intercambio de información de inteligencia financiera sobre las actividades de individuos y empresas venezolanas que pudieran vincularse a actos de corrupción, lavado de dinero u otras conductas ilícitas que pudiera derivar en procedimientos judiciales que sancionen dichas actividades criminales, tales como en el congelamiento de activos y la aplicación de restricciones financieras.
“De igual forma, se solicita a las Unidades de Inteligencia Financiera y a las autoridades competentes de cada país, que emitan y actualicen guías, circulares o boletines a nivel nacional que alerten a las instituciones financieras sobre la corrupción en el sector público venezolano y los métodos que los servidores públicos venezolanos y sus redes pueden estar usando para esconder y transferir recursos procedentes de actos de corrupción.
“El Grupo continuará dando seguimiento al desarrollo de la situación en Venezuela con el objeto de adoptar las medidas adicionales que correspondan, de manera individual o colectiva, para favorecer el restablecimiento del estado de derecho y el orden democrático en ese país”, se lee en el documento.
