Luego de las protestas en las que han participado millones de personas
contra la ley de extradición en Hong Kong, el gobierno de China ha
amenazado que no se quedará de brazos cruzados si la situación se
deteriora más y resulta inmanejable.
Zhang Xiaoming, el titular de la Oficina para Asuntos de Hong Kong y
Macao del Consejo de Estado Chino, argumentó que la tarea primordial
sería detener la violencia, poner fin al caos y restablecer el orden,
con el fin de salvaguardar la patria y evitar que Hong Kong se hunda
en el abismo.
Sin embargo, ¿qué opciones legales tiene China para poder intervenir
en esta región administrativa especial?
¿Podría China enviar al ejército?
La Ley Básica -lo más parecido a una Constitución que hay en Hong Kong
desde que Reino Unido devolvió el territorio a China en 1997- es muy
clara al respecto.
La intervención militar china sólo puede ocurrir a solicitud del
gobierno de Hong Kong y para el “mantenimiento del orden público y
asistencia humanitaria”.
Consideran que la imagen de tropas chinas marchando por Hong Kong
reprimiendo las protestas democráticas, pese a que no usaran fuerza
letal, serían desastrosas para la reputación del territorio,
arriesgarían la desestabilización de la economía y causarían
indignación internacional.
El Ejército de Liberación Popular (ELP) tiene unos 5 mil efectivos
acantonados en Hong Kong desde el traspaso.
¿Puede China intervenir políticamente?
Se podría decir que China ya ha efectuado una serie de intervenciones
políticas y, de hecho, estas han sido uno de los factores que motivó
las recientes protestas.
El Consejo Legislativo de Hong Kong, también conocido como el
Parlamento, está sesgado a favor de Pekín y en 2017, a pesar de
enormes protestas, promulgó una ley que estipulaba que los candidatos
a la jefatura ejecutiva tendrían que tener previa aprobación de un
comité que se muestra mayoritariamente a favor de China.
La persona ganadora, que también debe recibir la aprobación del
gobierno central de China, es quien escoge los ministros.
La persona elegida como jefa ejecutiva en 2017 fue Carrie Lam. Ella
presentó el ahora moribundo proyecto de ley de extradición que desató
las nuevas protestas y convirtiéndola en el foco de la ira de muchos
manifestantes.
¿Podría China actuar contra activistas específicos?
Las protestas se desataron en torno al proyecto de ley de extradición,
cuyos críticos temían que hubiera podido ser utilizado por China para
trasladar a los activistas políticos a territorio continental donde
muy seguramente serían condenados.
Carrie Lam ha declarado el proyecto de ley extinto, pero aún sin este,
varios reportes de China ignorando leyes similares para detener a
ciudadanos de Hong Kong tiene a los manifestantes preocupados.
Gui Minhai, que administraba una librería en Hong Kong donde se
vendían libros críticos con el gobierno chino, es uno de los casos más
destacados. Desapareció en Tailandia en 2015 y apareció después en
China, donde fue detenido acusado de un accidente de auto mortal
ocurrido en 2003.
Un tribunal en China lo sentenció a dos años de prisión. Fue liberado
en 2017 pero supuestamente detenido de nuevo el año siguiente cuando
viajaba en tren por China. No se ha vuelto a saber de él.
Aunque los activistas no tuvieran miedo de ser arrestados, muchos
podrían estar temerosos de las repercusiones que pueda haber hacia sus
familiares que viven en China continental.
A pesar de los temores de una intervención directa en Hong Kong, la
herramienta más efectiva de Pekín para calmar la agitación
probablemente resultará ser una sutil y potente medida económica.