Ecuador anunció este lunes que exigirá la presentación obligatoria e
inmediata del historial judicial a los venezolanos que quieran
ingresar al país, después de que un ciudadano de esa nación
sudamericana asesinó a cuchilladas a una joven ecuatoriana embarazada
el fin de semana.
Los hechos provocaron la tarde del domingo y la madrugada del lunes
que cientos de ciudadanos de Ibarra, 75 kilómetros al norte de la
capital, emprendieran una verdadera cacería de venezolanos a los
cuales desalojaron con violencia de refugios, hostales e incluso
lugares de residencia alquilados, lo que desbordó a la policía. La
situación apenas pudo ser controlada casi al amanecer del lunes con la
presencia de patrullas de militares que impusieron orden en la
población.
En un comunicado enviado a través de la cancillería ecuatoriana, cinco
asociaciones de venezolanos rechazaron de manera categórica el
asesinato de la ecuatoriana y “cualquier tipo de xenofobia o
discriminación que pueda nacer a partir de los sucesos ocurridos en
Ibarra. Reiteramos nuestro repudio a cualquier tipo de delito que se
pueda cometer dentro del Ecuador, venga de donde venga, y hacemos un
nuevo llamado a las autoridades para que trabajemos en conjunto en
programas de atención al migrante sin distingo de nacionalidad”.
La noche del sábado, el venezolano, tras mantener como rehén en la
calle durante una hora y media a su pareja sentimental, una
ecuatoriana de 22 años, la asesinó frente a una decena de policías y
cientos de curiosos. Ello desencadenó la destitución de Marisol
Peñafiel, gobernadora de Imbabura, cuya capital es Ibarra y de la
cúpula policial de esa ciudad.
Decenas de extranjeros con maletas al hombro emprendieron durante la
noche un peregrinaje por las vías de salida de Ibarra en medio de
gritos y amenazas de los residentes.
