La Justicia argentina envió a juicio a la expresidenta Cristina
Fernández por el presunto encubrimiento, a través de un pacto con
Irán, de los imputados por el ataque contra la mutua judía AMIA de
Buenos Aires, tres años después de que el fiscal Alberto Nisman
apareciera muerto días después de denunciarla.
Tras cerrar la instrucción, el juez Claudio Bonadio decidió abrir la
vista oral y pública, en fecha todavía por determinar, con un total de
12 procesados, alguno de ellos en prisión preventiva desde el pasado
diciembre.
La mandataria entre 2007 y 2015 y actual senadora evitó por el momento
quedar presa por contar con fueros parlamentarios y es acusada, al
igual que su excanciller Héctor Timerman y otros de sus colaboradores,
de «encubrimiento agravado por el hecho precedente y por su condición
de funcionario públicos, estorbo de un acto funcional y abuso de
autoridad».
Este será el tercer juicio que debe enfrentar la exmandataria, que se
considera víctima de una persecución judicial impulsada por el actual
gobierno: en 2017 se anunció la apertura de un juicio por presuntas
irregularidades en el Banco Central durante su mandato y el pasado
viernes otro por supuesta corrupción en la adjudicación de obra
pública.
Tampoco estos tienen todavía fecha de celebración.
El fiscal Nisman, que apareció muerto en enero de 2015 -en
circunstancias aún sin esclarecer- cinco días después de denunciar a
Fernández, encabezaba la investigación del atentado contra la mutua
AMIA de Buenos Aires -el mayor que ha sufrido Argentina-, que dejó 85
muertos, sigue impune y es atribuido por la comunidad judía a Irán y
al grupo chiíta Hezbolá.
El procurador estaba convencido de que un memorándum suscrito entre
Argentina e Irán en 2013 para investigar conjuntamente el atentado
buscaba, en realidad, encubrir a los sospechosos del ataque, entre
ellos exaltos cargos del país persa, a cambio de mejorar la relación
comercial bilateral.
Tras la muerte de Nisman, su denuncia fue desestimada, pero la causa
fue reabierta a finales de 2016.
