Al menos un centenar de personas resultaron heridas y decenas más fueron detenidas durante violentos enfrentamientos el lunes entre la policía y manifestantes que rechazan una controvertida reforma de las jubilaciones y pensiones que el oficialismo impulsa en el Congreso para reducir el déficit fiscal.
En un intento de presionar para detener la discusión, los manifestantes lanzaron botellas, piedras y volcaron vallas, aunque el debate parlamentario continuaba la tarde del lunes mientras la policía intentaba contener las protestas con balas de goma, gas pimiento y chorros de agua.
La del lunes ha sido una de las protestas sociales más violentas en Buenos Aires desde la crisis económica de 2001.
Alberto Crescenti, jefe del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), dijo en la radio La Red que atendieron a 100 personas, muchas con fracturas. Mientras, la oficina de prensa de la policía informó que entre los heridos había al menos 48 agentes con traumatismos.
Entre los lesionados había varios periodistas que fueron agredidos por manifestantes, según imágenes de la televisión local.
La policía señaló que había detenido a 48 personas, aunque la organización no gubernamental coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) aseguró que eran al menos 54.
Al interior del parlamento, los legisladores debatían el proyecto de reforma jubilatoria impulsado desde el gobierno de Mauricio Macri, que contempla una reducción de los haberes y que ya cuenta con la aprobación del Senado.
En horas de la tarde, la policía había dispersado a los manifestantes a varias cuadras del Congreso aunque los incidentes continuaban.
Con el apoyo de varios opositores, la coalición oficialista Cambiemos logró que 130 diputados se sentaran en sus bancas -uno más de los necesarios- para comenzar a debatir el proyecto de reforma, que en su punto principal propone una modificación de la fórmula que establece los aumentos periódicos a las jubilaciones en un contexto inflacionario.
Hasta ahora los haberes jubilatorios se ajustan semestralmente tomando en cuenta la evolución de los salarios y la recaudación, pero según el gobierno es inviable para su meta de reducir el déficit fiscal.
Este índice de movilidad de haberes también se aplicará para calcular el monto de subsidios para familias sin empleo, pensiones por discapacidad y para los ex combatientes de la guerra de Malvinas.
Abogados y constitucionalistas advirtieron sobre la ilegalidad en la aplicación retroactiva de este mecanismo, que podría desencadenar acciones legales contra la norma.
Algunas personas gritaban cerca del Parlamento “el pueblo unido jamás será vencido” y ondeaban banderas argentinas.
Los jubilados «no tenemos quien nos defienda”, dijo a The Associated Press Cristina Sanmero, de 70 años. “A mis años tengo que venir acá a defender mis aportes de 30 años. Nos gobiernan ineptos que hacen la más fácil, recortar a los pobres viejos».
Alicia Blanco, una jubilada de 66 años que portaba un cartel que rezaba «Macri para de ajustar, para llevar mi plata a tus cuentas offshore» se quejó que “con este gobierno es una condena ser jubilado”.
La iniciativa es la primera de las reformas económicas, junto con la tributaria y la laboral, que impulsa Macri luego del contundente espaldarazo logrado en las elecciones legislativas de octubre. Pese a ser la fuerza mayoritaria, el oficialismo necesita negociar en el Parlamento con la oposición para sacar adelante las leyes.
El gobierno esperaba contar este lunes con el apoyo de un sector del peronismo opositor en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma luego de que el pasado jueves fracasara una sesión a causa de violentos enfrentamientos entre manifestantes y policías y del fuerte rechazo político al proyecto.
A cambio de este respaldo, se comprometió a dictar un decreto para asegurar un beneficio adicional para jubilados y pensionados con haberes inferiores a los 10 mil pesos (unos 560 dólares) y para beneficiarios de una prestación que se otorga a familias de pocos ingresos.
Esta compensación, que se abonará por única vez en marzo, alcanzará al 70 por ciento de los jubilados y pensionados y al 100 por ciento de los beneficiarios de esa ayuda social y será abonado en marzo.
Al mediodía y pocas horas antes del inicio del debate parlamentario la Confederación General del Trabajo (CGT), la principal central sindical, comenzó un paro de actividades por 24 horas en contra del proyecto.
Cientos de vuelos en el aeropuerto de la capital se suspendieron y se espera que a lo largo de la jornada miles de pasajeros resulten afectados por la huelga.
En tanto que otros sindicatos del transporte adherían a la huelga en forma dispar. Los metros funcionaban con servicio de emergencia, mientras por el momento los autobuses y ferrocarriles circulaban con normalidad.
