Como el gobierno del presidente Nicolás Maduro es incapaz de resolver
la generación de delitos, opta por incapacitar y/o eliminar a los que
considera “hampones”, en una grave e ilegal política de exterminio,
consideró Roberto Briceño-León, director del Observatorio Venezolano
de Violencia (OVV).
“En Venezuela, como el gobierno no ha podido responder al problema
carcelario como generador de delitos, decidió incapacitar a los que
considera hampones, eliminarlos; aplica la política del exterminio”.
El también sociólogo señala que hubo un aumento “dramático y
preocupante” de fallecidos en enfrentamientos policiales en todos los
estados del país: más de 2 mil personas murieron en lo que va de año
bajo la figura de resistencia a la autoridad, es decir, 17 cada día,
aproximadamente, a manos de uniformados, lo cual no se traduce en
mayor seguridad para la ciudadanía.
El dato: 96 Por ciento de las víctimas de homicidio eran civiles
“La única política de seguridad que el gobierno está aplicando es la
incapacitación selectiva final, la pena de muerte caprichosa y,
además, ilegal, porque en otros países donde está normada, se evita la
discrecionalidad”, explica.
Para el representante del OVV, las políticas de control de delito en
el mundo tienen la finalidad de prevenirlo o de evitarlo incapacitando
de manera temporal al delincuente con la cárcel para ahorrarle el daño
a la sociedad.
Hay zonas del país donde la relación homicidios por resistencia a la
autoridad, se invierte: por un fallecido debido a la acción del
criminal común, hay 1.3 por actuación de organismos de seguridad del
Estado, de acuerdo con los reportes oficiales.
En el distrito capital y el estado Miranda, puntualiza, las cifras de
muertes por resistencia a la autoridad son “muy altas” y se constatan
cada día en operativos desplegados por fuerzas del gobierno.
