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Ciudad de México.- El diputado priista priista Rubén Moreira Valdez, afirmó que para proteger a los usuarios de los servicios financieros se requiere bajar las comisiones bancarias, que de enero a agosto de este año reportan ingresos de casi 170 mil millones de pesos.
Los bancos que operan en México mantienen un gran negocio que se refleja en sus ganancias.
Aseguró que hay bancos beneficiarios del Fondo Bancario de Protección al Ahorro que son los mismos que tienen grandes ganancias, razón por la cual cuidan su chequera y no van a hacer nada que vaya en contra de sus intereses.
Entonces qué pasa que al cliente le cobran comisión por abrir la cuenta, por cuidar su dinero, por decirle cuánto tiene, por hacer una transferencia a otro banco, por usar su tarjeta o por pagar en algún lugar.
“Yo le recomendaría a usted, que es obrero, que le paguen en efectivo, ya después decidirá si lo mete al banco o abajo de la cama.
El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, dijo que al transferir el dinero el banco tiene el control de la nómina, ya no tiene que ir a la empresa a pagar, las y los empleados tienen su salario en la institución financiera, que les cobra por guardarlo y si tienen poquito les empieza a aplicar una comisión.
En tanto, Ricardo Mejía Berdeja, del PT, propuso que las Sociedades de Información Crediticia (Buró de Crédito) deberán reducir de 72 a 36 meses el historial negativo de las y los usuarios, a fin de tener una regulación más estricta sobre el manejo de la información crediticia.
Explicó que es necesario limitar las prácticas abusivas en la recolección y procesamiento de datos.
La iniciativa busca reforzar la estabilidad financiera y proteger a los consumidores en el manejo de datos crediticios.
Se debe evitar la explotación de la vulnerabilidad de las y los usuarios.
Se requiere fomentar el flujo de dinero en la economía y permitir el acceso al crédito para el consumo y la inversión, porque estas instituciones son cruciales para fortalecer la inclusión financiera, no que sólo algunos tengan acceso a los créditos y muchos no lo tengan, por haber tenido algún bache.
Recordemos que en la pandemia del Covid-19 muchas personas perdieron su fuente de ingreso y afectaron su historial crediticio”, dijo desde la máxima tribuna del país.
Mejía Berdeja apuntó que esto protegerá mejor los datos personales de las y los usuarios y asegurará un fortalecimiento al marco de protección para las y los ciudadanos que usan servicios crediticios y aquellos que están por utilizarlos.
Para este fin, el legislador federal planteó reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia y ajustar los artículos 20 y 23 de este ordenamiento legal, enfocándose en fortalecer el marco de protección para las y los ciudadanos que usan servicios crediticios.
Además, subrayó el rol activo del Estado en la supervisión del sistema financiero, y explicó que la reforma busca contribuir a la estabilidad económica, apoyando un entorno que fomente el crecimiento y genere empleos.
Se quiere evitar que ante la falta de opciones de crédito sanas la gente recurra a usureros o prestamistas.
El legislador federal por Coahuila indicó que la reforma permitirá mejorar la supervisión estatal de las Sociedades de Información Crediticia, e insistió en que estas entidades deben operar bajo estándares que prioricen los derechos de las y los consumidores y la transparencia en sus prácticas.
Mejía Berdeja puntualizó que el acceso a datos crediticios debe garantizarse sin perjudicar a los ciudadanos y esta iniciativa nace de una preocupación por los abusos en el manejo de la información crediticia”, y añadió que en la economía actual la protección de estos datos es esencial para evitar la explotación de la vulnerabilidad de los usuarios.
Explicó que la propuesta también se basa en prácticas observadas en otros países, donde se han implementado normativas similares que han resultado en beneficios claros para los usuarios; precisó que una mayor regulación puede evitar crisis de confianza en los servicios financieros.
El diputado federal enfatizó que la reforma no pretende perjudicar a las Sociedades de Información Crediticia, sino establecer una regulación que permita un balance entre sus intereses y los derechos de las y los ciudadanos. Con ello, aseguró que se reducirá el riesgo de abusos.
En cuanto al procedimiento, el proyecto de reforma seguirá el curso legislativo establecido en el Congreso de la Unión.
Al haber sido presentado formalmente, se espera que se presente en comisiones, donde se evaluará su viabilidad.
