Francia ha entrado en zona de turbulencias políticas y sociales. La adopción sin voto de la impopular reforma de las pensiones abre una etapa complicada para el presidente Emmanuel Macron y para un Gobierno cuya fragilidad es mayor que nunca.

En la misma tarde del jueves, tras anunciar la primera ministra, Élisabeth Borne, que recurría al artículo 49.3 de la Constitución para actuar por decreto, salieron a las calles de París miles de manifestantes de forma espontánea. Las fuerzas del orden detuvieron a 310 personas en París y otras ciudades francesas en una noche de altercados.

En la capital, inundada de basuras sin recoger por la huelga del servicio municipal de limpieza, algunos manifestantes aprovecharon para quemarlas. Las imágenes de hogueras y barricadas ardiendo recuerdan a las protestas de los chalecos amarillos en 2018 y contrastan con el carácter pacífico de las manifestaciones sindicales de estos meses.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, denunció que se habían quemado muñecos que representaban a Macron y Borne y se habían atacado prefecturas, es decir, las delegaciones del Gobierno en capitales de provincia. “La oposición es legítima, las manifestaciones son legítimas, el desorden y sembrar el desorden, no”, ha dicho este viernes Darmanin en la cadena RTL.

En France Info, Jean-Luc Mélenchon, líder del partido anticapitalista La Francia Insumisa, declaró: “Ocurrió algo fundamental. En seguida hubo movilizaciones espontáneas en todo el país. Es evidente que, por mi parte, yo animo a hacerlas”.