El pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en la sesión del 14 de marzo, el dictamen que expide la Ley General de Operación de los Registros Civiles, la cual le otorga al Poder Ejecutivo, mediante la Secretaría de Gobernación (Segob), la facultad de crear y administrar un Sistema Nacional de Registro de Identidad (SID) con los datos de la población incluidos en el Registro Civil.

Esto quiere decir que, en caso de que esta ley entre en vigor, la Segob sería la encargada de administrar información de la ciudadanía tal como el nombre, apellidos, sexo y género, lugar y fecha de nacimiento, nacionalidad (o nacionalidades), Clave Única de Registro de Población (CURP) y los datos biométricos.

En este sentido, también le correspondería a dicha dependencia establecer los lineamientos para que las entidades del sector público, privado y financiero puedan consultar y validar la información y los registros del SID.

Es decir, con el argumento de acreditar la información de las personas, las dependencias e instancias mencionadas podrán consultar la Base de Datos Nacional del Registro Civil bajo los mecanismos y requisitos que establezca la Segob.

Aunque el principal argumento a favor de dicho dictamen fue la persecución de hacer efectivo el derecho a la identidad de las personas y el acceso a los servicios del Registro Civil, el proyecto no contempla ninguna estrategia para la protección de datos de la población.