Washington — Un tribunal federal de apelaciones de EE.UU. insinuó que tomará medidas que, en la práctica, provocarán probablemente que el veto casi total al aborto en Texas siga en vigor durante meses.
Casi un mes después de que el Tribunal Supremo estadounidense dejó en vigor el polémico veto de Texas, la corte de apelaciones del Quinto Circuito mantuvo una audiencia sobre esa medida, que prohíbe el aborto desde las seis semanas de gestación y no contiene excepciones para los casos de incesto o violación.
La mayoría conservadora en ese tribunal anticipó de que se inclina a favor de permitir que la Corte Suprema de Texas decida sobre la constitucionalidad del veto, una decisión que promete provocar que la legislación, que entró en efecto el pasado septiembre, siga en vigor durante meses.
Una de los tres jueces del tribunal que participaron en la audiencia planteó incluso la posibilidad de no tomar ninguna decisión sobre el tema hasta junio o julio, cuando se espera que el Supremo estadounidense emita una decisión que podría eliminar la obligación de que el aborto sea legal a nivel nacional.
“Quizás deberíamos aparcar esto hasta finales de junio y dejarle la patata caliente al Tribunal Supremo”, dijo la jueza Edith Jones, de tendencia conservadora, durante la audiencia en la corte, con sede en Nueva Orleans (Luisiana).
Las clínicas que practican abortos en el estado pidieron durante la audiencia que el tribunal devuelva el caso a una corte federal inferior, que en octubre había bloqueado el veto, pero los magistrados del panel de apelaciones no se mostraron receptivos a la propuesta.
El Tribunal Supremo apenas ha dejado opciones para que las clínicas que practican abortos en Texas puedan desafiar el veto: su fallo del mes pasado solo les permite demandar a las juntas que otorgan licencias médicas, pero no a funcionarios estatales o judiciales.
La ley de Texas permite a particulares presentar demandas civiles contra cualquier persona que ayude a una embarazada a abortar en caso de que crean que están infringiendo la prohibición y ofrece indemnizaciones de hasta 10.000 dólares a cada demandante por juicio ganado.
Ese peculiar sistema ha permitido que las autoridades de Texas eludan la responsabilidad por la aplicación de la ley, porque el peso de la implementación recae en ciudadanos particulares y no en los líderes conservadores que impulsaron el veto.