La secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó que el sector privado en la industria eléctrica ha presentado mil 300 amparos que están en litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y esa fue una de las motivaciones de la reforma constitucional en materia eléctrica, que ni viola el TMEC ni provocará alza de tarifas, como dice la oposición, de acuerdo con información de Excélsior.
“En el 2021 se publicó una serie de modificaciones de la industria eléctrica, con el objetivo de adecuarlo lo establecido para las ofertas en capacidades disponibles, basados en costos, modificando los publicados anteriormente por la Secretaría de Energía en el 2017, para hacer un sistema de costos más justo en el despacho de centrales eléctricas; sin embargo, derivado de lo anterior se han recibido más de mil 300 juicios de amparo y con ello se dio inicio a toda una ruta jurídica que se encuentra en litigio en la Corte”, dijo.
Al dar respuesta a las preguntas del senador panista Julén Rementería y a la intervención de la priista Claudia Ruiz Massieu, quien advirtió que la reforma eléctrica no será aprobada en el Senado de la República, Rocío Nahle negó que este cambio constitucional implique violaciones al TMEC o a cualquier otro acuerdo comercial o que implique el alza de tarifas.
También rechazó que se trate de una reforma que responda a una ideología, sino que busca beneficiar a los mexicanos.
Poco antes, durante su presentación inicial, dijo que las centrales de autoabasto eléctrico llevaron a la creación de un mercado paralelo, con un actuar similar al “contrabando eléctrico”.
Explicó que “la cancelación de los ventajosos contratos que obliga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a comprar y pagar la electricidad por 20 y 25 años a privados, liberará a la empresa pública de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales.