Las personas en busca de asilo que cruzaron la frontera por Arizona
fueron enviadas el viernes a Texas para que de allí sean remitidas a
México, donde aguardarán sus audiencias en las cortes de inmigración
de Estados Unidos, una práctica que ya se aplicará en toda la
frontera, dijo un funcionario estadounidense.

Las autoridades federales planean enviar un autobús diario de Tucson a
El Paso mientras examinan sitios fronterizos en Arizona que podrían
ser acondicionados para recibir a gran número de personas que tengan
audiencias en el lado estadounidense, con suficientes albergues y
servicios del lado mexicano mientras aguardan sus audiencias, le dijo
el funcionario a The Associated Press a condición de guardar el
anonimato porque no se ha autorizado dar a conocer la información.

Los solicitantes de asilo que cruzan la frontera en el oeste de
Arizona, en las cercanías de Yuma, son trasladados en autobús a
Calexico, California, y devueltos a México, agregó el funcionario. Las
audiencias a las que se tienen que presentar se llevarán a cabo en San
Diego.

Arizona era el único estado con una frontera muy transitada a donde no
se había aplicado el programa, llamado coloquialmente “permanecer en
México”, y oficialmente Protocolos de Protección de Migrantes. Con él,
más de 55.000 solicitantes de asilo fueron devueltos a México en nueve
meses después de que se empezó a aplicar en San Diego en enero.
Posteriormente fue aplicado también en Calexico y en El Paso, Laredo,
Eagle Pass y Brownsville, en Texas.

Aunque los arrestos en la frontera han disminuido después de que en
mayo alcanzaron su mayor nivel en 13 años, en el corredor de Tucson ha
ocurrido lo contrario. Las detenciones efectuadas por la Patrulla
Fronteriza en el sector de Tucson aumentaron 55% de agosto a octubre,
convirtiéndose así en la segunda ruta más transitada después del Valle
del Rio Grande en Texas.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza dijo que el programa ya
está “operando totalmente” en toda la frontera. Los mexicanos están
exentos de él.

El programa “funciona y es un factor que revolucionó la manera de
afrontar la actual crisis fronteriza”, afirmó Chad Wolf, secretario
interino de Seguridad Nacional, en un tuit el viernes.

Los críticos dicen que los solicitantes de asilo son enviados a
ciudades fronterizas mexicanas extremadamente violentas, y argumentan
que se les niega un trato imparcial en los tribunales de inmigración
de Estados Unidos. Human Rights First, un grupo activista que ha
criticado el programa, dijo en un informe el mes pasado que había más
de 340 reportes públicos de violación, secuestro, tortura y otros
delitos violentos contra los solicitantes de asilo que han sido
devueltos a México.

A los que desean obtener asilo que hayan cruzado en Arizona se les
hará esperar en la ciudad fronteriza mexicana de Ciudad Juárez para
que acudan a audiencias judiciales en El Paso.

“A expensas de los contribuyentes, con esta decisión se transportará a
la gente que desea obtener asilo en Arizona más de 300 millas (480
kilómetros) a una ciudad mexicana peligrosa, donde es difícil tener
acceso a servicios legales y donde pocas personas cuentan con el
respaldo de sus familias y sus comunidades”, dijo Katie Sharar,
directora de comunicaciones en la Iniciativa Kino para la Frontera,
una organización católica que ayuda a migrantes.

Un panel de tres jueces de la Corte Federal de Apelaciones del Noveno
Circuito está sopesando un intento por bloquear temporalmente el
programa durante una impugnación legal.