La propuesta de una reforma político-electoral, promovida por Morena en el Congreso, despertó la reacción del bloque opositor del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, que concurrieron a la Cámara de Diputados para defender el actual sistema de partidos políticos, sus prerrogativas multimillonarias y la representación proporcional que les garantiza posiciones legislativas aunque hubiesen perdido el registro oficial.

La respuesta de Morena, en voz de Pablo Gómez –uno de los proponentes de la reforma electoral- fue tajante: “El dictado ciudadano hay que expresarlo con cambios profundos… lleguemos a un acuerdo de civilidad, sin simulaciones. Invitamos a todos los partidos a conversar sobre este tema, con objeto de buscar un nuevo consenso sobre la imparcialidad, apego a la legalidad y eficacia del órgano de electoral del país.”

La presidenta y los presidentes de los partidos PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD, acudieron invitados a San Lázaro para exponer sus posiciones sobre la propuesta de reforma político electoral, fundada en la austeridad repúblicana, que pretende achicar los organismos electorales y generar ahorro en los instrumentos democráticos.

Los argumentos colocados en la mesa del debate se circunscribieron a la defensa de sus intereses, como “instituciones de interés público”, arguyó el panista Marko Cortés. En el catálogo de críticas al partido en el gobierno, por su proposición de cambio, el dirigente de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, añadió otro dardo, pues Morena estará recibiendo en 2019, mil 500 millones de pesos como monto de prerrogativas, cuando ganó la elección del año pasado con 400 millones.

Los dineros y las posiciones que generan, fueron los argumentos que se combinaron con la defensa a ultranza de la democracia mexicana. Incluso el panista propuso que el Congreso congelara la elección de cuatro consejeros electorales del INE, y lo dejara funcionando sólo con siete. Detrás de esa iniciativa prevalece el interés de mantener las cuotas que los partidos interesados (PAN, PRI y PRD) han conformado en el órgano electoral.

La respuesta de Pablo Gómez trató de acallar esas voces que en tono histérico proclaman la “involución al autoritarismo” que contiene la reforma propuesta desde Morena: “La austeridad electoral no es abaratar, sino acabar con el derroche, los privilegios de los poderosos. La representación proporcional no se va a eliminar. Morena no ha planteado semejante cosa, quizá si con la propuesta de (José) Woldemberg, que es mitad y mitad, que es la respetable de las que yo he escuchado. Así es en la revocación de mandato. El que pone, puede quitar; el que elige, puede decidir. No estamos queriendo tumbar la democracia sino reivindicar la democracia participativa. No caigamos en frases huecas, con la democracia plebiscitaria, se le quiere decir al pueblo como tomar decisiones.

“Hay reformas de Estado que son indispensable ya. Sí como la creación de ciudadanía se deben eliminar las clientelas con la gente pobre. Esa lucha no tiene remedio. No podemos defraudar al pueblo que votó por nosotros. Hablamos de derechos libremente elegibles y siempre sensibles. Es ineludible que integremos reformas de carácter político electoral, me causa escozor que no se elijan los otros cuatro consejeros electorales, no pretendan que los suyos sólo queden en el Consejo General. No deseamos eso, no tenemos a nadie en el consejo general, no tenemos compromisos con el pasado. Les propongo un pacto, pregunte a la fuerza gobernante, antes de atribuirle cosas que no tiene, vamos a una negociación en búsqueda de un consenso que tenga soporte documental.”

El presidente de Movimiento Ciudadano. Clemente Castañeda, acusó que, en las propuestas de Morena, “no hay claridad sobre los objetivos normativos en las iniciativas de la fuerza mayoritaria. El peligro es que se pueden generar daños irreparables al proceso democrático. Bajo ninguna circunstancia se puede permitir a discutir los principios democráticos. Es una perversidad no es aceptable que una vez en el poder una mayoría quiera destruir los principios que le permitieron llegar al poder.”

Con una intervención farragosa, la dirigente interina del PRI, Claudia Ruiz Massieu, adujo que, “hoy el objetivo es tener un sistema electoral más austero. Nadie se opone al uso racional de los recursos públicos. Pero la austeridad en sí misma no debe ser un fin. Tenemos que evitar imposiciones que nos pueden llevar al centralismo. Austeridad, sí siempre y cuando no ponga en riesgo la pluralidad, las instituciones, el empoderamiento de los ciudadanos y la gobernabilidad democrática del país. ¡Esta reforma política es una reforma que increíblemente surge en la democracia mexicana desde el poder central!

Hay que construir consensos. Necesitamos aproximarnos de manera integral, aproximarnos al sistema político. Evaluar la eficiencia de las funciones de las instituciones electorales. Donde hay áreas de oportunidad sin alterar los principios democráticos. Necesitamos instituciones fuertes. No imponiendo recetas falsas, no con el pretexto de que una fuerza política se mantenga en el poder.”

Alberto Anaya, del Partido del Trabajo, fue más sincero y abordó materia. Adujo que “nos preocupa la regresión democrática. Los partidos se quedan con el 30 por ciento de lo que le queda al INE. La racionalidad debe pasar por mayor equidad, estamos a favor de que el recurso sea igualitario, y la participación en los medios de comunicación sea parejo. Y dejemos la república simulada que hemos tenido.”

El panista Marko Cortés, llegó a San Lázaro con un script claro que apunta a defender los instrumentos económicos y políticos de que goza su partido. Primero expuso una posición política que contrastó con la historia reciente de su partido, que en 2007 aceptó a regañadientes una reforma política promovida desde la oposición. Ahora, con cierta habilidad pretendió asumir los argumentos que no convinieron al PAN entonces, es decir tomo estandartes que él mismo rechazó:

“Nunca en una reforma electoral se vivió un avasallamiento. Debe hablarse de la proporcionalidad. Que no se distorsione la voluntad popular. La reforma que puede ser urgente es lograr una correspondencia real entre los votos emitidos y los espacios legislativos, que ningún partido este sobre- representado. Se está distorsionando la voluntad ciudadana, un ejemplo es el PES que por un convenio de coalición consiguió seis por ciento y ya desapareció. Que los programas sociales no sean usados en materia electoral. La segunda vuelta electoral. Analizar la mejor manera de comunicar a través de los tiempos oficiales.

“Nos preocupa que esta reforma sea empujada desde el gobierno, y no por las minorías, y esto puede dar lugar a una peligrosa contra reforma. No estamos de acuerdo en que el presidente de la República aparezca en la boleta con el pretexto de la elección del 2021. No queremos la democracia plebiscitaria. Estamos a favor de la consulta popular pero organizada, sin que sea una democracia plebiscitaria. El PAN no va a permitir que se mine al INE, el actual gobierno quiere tener la cancha, al árbitro y el balón.

“No hacer la sustitución de cuatro consejeros del INE, que se queden siete, sin perder su autonomía. La propuesta de que sea la Cámara de Diputados sea la que nombre a los que organizan las elecciones es peligrosa, los partidos políticos con cauces. Creemos que el fortalecimiento de los partidos políticos, no su debilitamiento, los partidos son instituciones de interés público. No podemos pensar en la tentación de debilitarlos. No hagamos reformas electorales pensando que la actual correlación de fuerzas va a ser eterna. Cuidemos las reglas, quien ayer ganó mañana puede perder. Descartemos ventajas coyunturales. No retrocedamos en el avance democrático”.
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