Por primera vez se realizaron diligencias en una Base de Operaciones
de la Secretaría de Marina en Tamaulipas, encaminadas a esclarecer el
paradero de 36 personas desaparecidas entre febrero y mayo de este año
en esa entidad.

Las acciones fueron realizadas por la Fiscalía Especializada en
Atención de Delitos de Desaparición Forzada y también participaron
familiares de las víctimas. El Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo informó que, acompañados de efectivos del Ejército mexicano,
Policía Federal y Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría
General de la República, el personal de esa fiscalía ingresó a la
bodega habilitada como base de operaciones en Arteaga y Leona Vicario,
colonia Victoria de Nuevo Laredo.

Durante las diligencias, familiares de personas desaparecidas
estuvieron presentes, debido a la impugnación ante un juez de control
en Reynosa, Tamaulipas, realizada por los abogados de la Comisión
Ejecutiva de Atención a Víctimas, ante la negativa de la Fiscalía
Especializada para permitirles el ingreso, la cual argumentó que
“medidas de seguridad” del personal de la Marina.

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo
Laredo, indicó que estas diligencias llegan por lo menos cuatro meses
tarde, debido a que el personal de la PGR en Tamaulipas no inspeccionó
en las bases de la Marina cuando lo demandaron los familiares de las
víctimas.

En mayo pasado, más de 150 familiares de desaparecidos bloquearon en
ambos sentidos el acceso al Puente Internacional III de Nuevo Laredo,
Tamaulipas, en demanda de atención de las autoridades federales por la
desaparición de más de 43 personas en la entidad y los límites con
Nuevo León.

Los familiares de los desaparecidos culparon a elementos de la Marina
tras asegurar que el paradero de sus parientes se desconoce desde que
los marinos realizan operativos en la región.

El 30 de mayo de 2018, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de
Naciones Unidas, Zeid Ra´Ad Al Hussein, denunció que en Nuevo Laredo
se presenta una “ola de desapariciones forzadas” y existen “fuertes
indicios que habrían sido cometidas por fuerzas federales de
seguridad”. Por lo que exhortó a las autoridades mexicanas a tomar
medidas urgentes para poner fin a estos crímenes

Así, el pasado 6 de junio, Jan Jarab representante de la oficina en
México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos (ONU-DH) y dos oficiales más realizaron una misión de trabajo
a esa ciudad ante la crisis que desde febrero de este año se presenta
en la región, donde ha documentado la desaparición de 21 hombres y dos
mujeres en ese municipio entre febrero y el 16 de mayo de este año.

Ahí participaron en una mesa de trabajo con autoridades y familiares
de víctimas de desaparición y ejecuciones extrajudiciales en la
localidad, a fin de alcanzar acuerdos y avanzar en soluciones ante la
grave situación que se vive en la localidad.

Sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos habló de
hasta 37 casos y una organización local reportó al menos 40 en el
mismo periodo.

El 21 de junio, el activista Raymundo Ramos denunció, en conferencia
de prensa en Ciudad de México que él y su familia eran víctimas de
amenazas por colaborar en la búsqueda de desaparecidos. Además, dio a
conocer que la cifra de éstos había aumentado a 51, en esa ocasión
recibió el apoyo de ONU-DH, Amnistía Internacional y el Colectivo
Seguridad sin Guerra.

La apertura de las instalaciones de las fuerzas armadas para
diligencias en búsqueda de desaparecidos, ya se han realizado; por
ejemplo, en el caso de los 43 normalistas, Virgilio Hernández,
subdirector de Asuntos Internacionales de la dirección de Derechos
Humanos, informó que “el Ministerio Público del fuero común de
Guerrero, peritos y civiles ingresaron a las instalaciones del 27
batallón de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde constataron de
manera muy clara y contundente que dentro no se encontraba ninguna
persona civil detenida ni retenida” .