La policía y las autoridades en Nicaragua han matado y encarcelado a
personas sin someterlas a un juicio y han cometido actos de tortura,
dijo el martes la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas, que
pidió al Gobierno poner fin a la violencia que ha cobrado la vida de
280 personas desde abril.
Un plan del presidente Daniel Ortega para reducir los beneficios de
los pensionados desató una ola de protestas a mediados de abril. El
Gobierno se retractó de la medida poco después pero su severa
respuesta a las manifestaciones generó más turbulencias por el rechazo
a la gestión del mandatario.
«Se están cometiendo un amplio rango de violaciones a los derechos
humanos, como ejecuciones sumarias, tortura, detenciones arbitrarias y
se le está negando al pueblo el derecho a libertad de expresión», dijo
en una rueda de prensa el portavoz de derechos humanos de la ONU,
Rupert Colville.
La gran mayoría de violaciones son cometidas por el Gobierno o por
elementos armados que parecen estar trabajando en coordinación con
ellos. Los manifestantes eran mayormente pacíficos aunque algunos iban
armados
Rupert Colville, portavoz de derechos humanos de la ONU
Ortega, un exguerrillero izquierdista que cumple su tercer mandato
seguido, y su esposa Rosario Murillo, la vicepresidente del país, han
negado acusaciones previas de violaciones a los derechos humanos y han
dicho que entre los fallecidos hay también miembros de la fuerza
pública.
Además sostienen que la oposición es la responsable de los grupos
armados violentos que buscan aterrorizar al país con «prácticas
diabólicas».
«Estamos recuperando la seguridad, la paz, las posibilidades para el
trabajo y la vida en nuestra Nicaragua (…) Hemos estado llenos de
desgracia, producida por una minoría llena de odio (…) Volverá la
sonrisa a iluminar los rostros de todas las familias nicaragüenses»,
dijo el martes Murillo en un contacto telefónico con la televisión
pública.
«Operación limpieza» pretende acabar con protestas
Entre el viernes y domingo la violencia recrudeció luego de que grupos
armados progubernamentales y efectivos de la fuerza pública
irrumpieron en universidades tomadas por manifestantes y rompieron los
bloqueos de vías en varias ciudades dejando una decena de fallecidos.
La denominada «operación limpieza» tendría la intención de debilitar
la base de las protestas contra Ortega, pero no sólo generó rechazo
internacional sino que reavivó la convicción de los manifestantes para
exigir la renuncia del presidente, quien enfrenta su peor crisis
política desde que asumió en 2007.
El martes, pobladores de la comunidad indígena de Monimbó en la ciudad
de Masaya, a unos 30 kilómetros al sur de la capital, denunciaron un
sitio de hombres armados, supuestamente pertenecientes a las
«juventudes sandinistas».
«Nos están atacando desde las 06.00 de la mañana, nos tienen rodeados,
el pueblo está resistiendo lo más que puede (pero) necesitamos ayuda»,
dijo un joven encapuchado en Masaya, al pie de una improvisada
barricada armada de adoquines.
El comisionado mayor de la Policía de Masaya, Ramón Avellán, explicó
el objetivo de la «operación limpieza».
Nosotros los policías tenemos el compromiso y la orden de nuestro
presidente, nuestra vicepresidenta, de ir limpiando estos tranques
(barricadas) a nivel nacional (…) y vamos a cumplirla al costo que
sea
Por su parte, el nuncio apostólico de Nicaragua, monseñor José Báez,
insistió en su llamado a retomar el proceso de diálogo que se entrampó
semanas atrás.
«Hago un llamado a las conciencias de todos para lograr una tregua y
permitir un rápido regreso a las mesas del diálogo nacional para
buscar juntos una solución adecuada y resolver así la crisis», dijo a
medios locales.
El lunes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que
grupos vinculados al Gobierno de Nicaragua estaban utilizando una
fuerza letal «inaceptable» contra los ciudadanos, y lo instó a poder
fin a la violencia.
