Los actos de tortura y otras violaciones a derechos humanos contra 34
de los 129 procesados por el caso Ayotzinapa representan «una doble
injusticia». Por un lado se violan las garantías a la integridad
personal y al debido proceso de los detenidos, y por el otros afectan
el derecho a la verdad para las víctimas y la sociedad.

Así lo señaló el representante en México de la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan
Jarab. Por lo que exhortó al Poder Judicial a excluir del proceso
todas las pruebas obtenidas bajo tortura.

«Quienes sufren tortura no necesariamente dicen la verdad, sino lo que
quiere el torturador», subrayó Jarab al presentar esta mañana el
reporte «Doble injusticia. Informe sobre violaciones de derechos
humanos en la investigación del caso Ayotzinapa».

En el documento, del que este diario dio cuenta hace unas horas en su
portal de Internet, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos asegura contar con fuertes elementos de convicción
para sostener que 34 de las personas procesadas por el caso Ayotzinapa
fueron torturados (a fin de autoinculparse y señalar a otros posibles
responsables) y víctimas de otras violaciones a sus garantías
fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de
agentes del gobierno federal.

En estos actos de violencia e irregularidades habrían incurrido
elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), entre
ellos el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal
(AIC), Tomás Zerón; así como efectivos de la Policía Federal y de la
Marina. Aunque el informe no hace valoraciones, los resultados que
arroja ponen en duda gran parte de la información en la que la PGR se
basó para argumentar la llamada «verdad histórica», según la cual los
43 normalistas desaparecidos de manera forzada habrían sido asesinados
y calcinados en el basurero de Cocula.

Jarab explicó que el trabajo de la ONU-DH se basó en la revisión del
propio expediente de investigación de la PGR y en entrevistas con 63
de las 129 personas procesadas y detenidas. De los 63 casos
analizados, dijo, en 51 se encontraron algunos elementos para afirmar
que fueron víctimas de tortura, pero en 34 de ellos hay fuertes
elementos de convicción para afirmar que sí la hubo.

El funcionario internacional señaló que hasta la fecha la ONU-DH no
tiene información de que alguno de los agentes o funcionarios
implicados en estos delitos hayan sido procesados por tortura y
violaciones a los derechos humanos, por lo que «permanecen impunes».

Subrayó que el informe no tiene como objetivo defender a posibles
delincuentes, sino favorecer el estado de derecho en el país y abonar
para que la práctica de tortura en los procesos judiciales será
erradicada.

Detalló que entre los 34 procesados en los que se comprobó tortura
durante octubre de 2014 hasta enero de 2015, justo a partir de la PGR
tomó el caso, algunos son policías municipales de Iguala, otros de
Cocula y unos más presuntos integrantes de la organización delictiva
Guerreros Unidos.

Al ser interrogado si estas revelaciones ponen en duda las
investigaciones de la PGR sobre el caso Ayotzinapa, Jarab remarcó que
lo que se ha documentado por la ONU-DH «constituye una doble
injusticia: hacia los derechos de los procesados y contra el derecho a
la verdad para los familiares» de los 43 normalistas desaparecidos.

Confió en que los resultados del informe y las recomendaciones que
hace sean considerados por el gobierno de Enrique Peña Nieto y por
otros actores del Estado mexicano. «Mantengo mi optimismo que este
informe pueda contribuir en este mosaico de progreso para que la
tortura sea eliminada como método de investigación».