«La ley ya está en efecto». Con estas palabras, el gobernador de
Texas, Greg Abbott, celebró este martes la ratificación de la ley SB4,
la norma que prohíbe las ciudades santuarios en el estado y permite
controles mucho más estrictos de los inmigrantes.

La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito determinó que la mayor
parte de SB4 puede seguir pie. La norma permite que funcionarios
locales indaguen sobre el estatus migratorio de las personas detenidas
y castiga a los gobiernos locales y representantes elegidos que no
cooperen con las autoridades migratorias.

La única parte de la ley que aún quedó bloqueada por la corte fue la
que menciona la «adopción, cumplimiendo y apoyo» de políticas que
específicamente limitan o prohíben el cumplimiento de las leyes de
inmigración. Los magistrados pusieron el límite en la palabra «apoyar»
y dijeron que castigar esto con una multa, prisión o despido puede
atentar contra los derechos de las autoridades a la libre expresión.

Bajo la SB4, los alguaciles, jefes de policía y otros líderes
comunitarios pueden ser acusados de un delito menor (con penas de
cárcel) si no cooperan. También pueden enfrentar multas de entre 1.000
a 25.000 dólares. «Ahora más que nunca es crítico que todos los
residentes de Texas conozcan sus derechos. La decisión del Quinto
Circuito, aunque frustrante, no cambia el hecho de que todos tenemos
derechos; lo más importante es el derecho de permanecer en silencio,
cuando son cuestionados por la policía respecto a su estatus
migratorio», aseguró Andre Segura, director legal de la Unión
Americana de Libertades y Derechos Civiles (ACLU) de Texas.

La ley es una de las más controvertidas en la historia reciente
texana. Tanto que Abbott no la promulgó en un evento público en mayo
de 2017, sino que lo hizo a través de Facebook live, a pesar del
fuerte apoyo que recibió de la base republicana más extrema.

Tan pronto como el gobernador firmó, la ciudad de El Cenizo en el
condado de Maverick demandó al Estado, recibiendo el apoyo de las
principales ciudades de Texas como Houston, Austin y San Antonio.

El 30 de agosto la corte de distrito de San Antonio interpuso el
primer mandato judicial en contra de SB4, dos días antes de que
entrara en efecto. El 25 de septiembre tres jueces de la Corte del
Quinto Circuito determinaron que Texas podía hacer cumplir las
provisiones esenciales de la ley, mientras esperaba otro fallo. El
debate se reanudó en noviembre y este martes alcanzó una resolución.

El procurador general de Texas Ken Paxton, destacó este martes el
éxito de la legislación. «Hacer cumplir las leyes de inmigración avita
la liberación de individuos en custodia que han sido acusados de
crímenes serios. No debemos permitir que criminales peligrosos vuelvan
a nuestras comunidades para cometer más delitos», declaró.

Organizaciones de derechos civiles en Texas reconocieron la derrota y
ahora se están reagrupando para la nueva realidad de vivir con SB4.
«Los arrestos y deportaciones se van a acelerar», aseguró Bob Libal,
director ejecutivo de Grassroots Leadership.