El secretario de Gobernación (SG), Alfonso Navarrete Prida, aseveró
que el “seguimiento” por parte del Centro de Investigación y Seguridad
Nacional (Cisen) a las actividades del precandidato presidencial
Ricardo Anaya se sustenta en un acuerdo entre el gobierno de Veracruz
y el delegado del Cisen en esa entidad, de la cual el equipo del
precandidato estaba enterado.

Sin embargo, debido a que los hechos ocurrieron el 11 de febrero y no
fue informado de este “seguimiento”, (sino hasta que el propio
precandidato de la coalición integrada por el PAN, PRD y Movimiento
Ciudadano lo denunció públicamente como un hecho de espionaje), ordenó
la suspensión del subdelegado del Cisen en Veracruz.

La sanción es sólo porque ni el empleado ni funcionario alguno de esa
delegación informó del hecho, precisó el secretario de Gobernación.

Navarrete Prida hizo énfasis en que el suceso que Anaya calificó como
grave fue el domingo pasado y lo hizo público, a través de las redes
sociales, hasta el martes 13. No obstante, subrayó que el
acompañamiento «oficial y público» se derivó de un acuerdo estatal.

«Los trabajadores aducen que se entendía que el equipo de campaña
estaba enterado y que era un acompañamiento visible, con vehículos
oficiales y plenamente identificados», comentó el secretario.

El funcionario reiteró que no se trata de un acto clandestino o de
espionaje sino de un acuerdo tomado el sábado 10 de febrero por el
secretario de Gobierno de la entidad, Rogelio Franco, y el delegado
del Cisen, con sustento en la Ley de Seguridad Nacional, relacionado a
preservar los procesos democráticos.

El Cisen, subrayó, no se rige ni se va a regir por las coyunturas
ajenas a la seguridad nacional. Sin embargo, el director general del
mismo, Alberto Bazbaz ordenó la revisión y adaptación de los
protocolos de actuación a fin de garantizar la transparencia de estas
actividades que se realizan, subrayó, de forma coordinada con otros
niveles de gobierno.

Al Cisen, precisó, le tocó ocuparse del trayecto desde la caseta 045
en Fortín, división de acceso a Puebla, 67 kilómetros, carretera 150
de México a Veracruz como ocurrió en su totalidad, de manera visible,
con vehículos oficiales.

“De la investigación solicitada al Cisen este órgano informó: en el
caso que nos refiere se elaboró previamente una orden de operación
para planear la cobertura sin interaccionar con el precandidato o su
equipo porque así se acordó con todos los actores involucrados en la
reunión señalada, particularmente con autoridades del gobierno local
veracruzano.

“De la reunión se desprendió que el equipo de campaña estaba enterado
de estos sucesos ¿por qué?, porque la seguridad perimetral en un
evento masivo la cubre el gobierno del estado porque es un tema que se
lleva a la agenda de riesgos y porque ahí se toman decisiones que
sirven para el debido funcionamiento, en el marco de la ley, de
distintas instancias que ocurren en un evento de esta naturaleza”,
dijo Navarrete.

En un mensaje ante la prensa, Navarrete Prida precisó que los hechos
“de seguimiento” se originaron el pasado sábado, a partir de una
reunión de coordinación local, celebrada en Boca del Río, Veracruz.

“En acuerdo del secretario de Gobierno y del delegado del Cisen, en
Veracruz, se consideró oportuno darle seguimiento al cierre de campaña
de Ricardo Anaya en Coatzacoalcos como parte de los protocolos para
garantizar la integridad de los actores y participantes de las
distintas actividades en el actual proceso electoral de los distintos
partidos”, dijo.

Los grupos de coordinación, agregó, existen desde hace muchos años; su
fundamento son las bases republicanas y se analizan cada vez que se
reúnen, en lo que se denomina agenda de riesgos.

Señaló que el Cisen tiene la obligación de monitorear todas las
actividades de interés sin que ello se considere actividad clandestina
o espionaje.

El seguimiento de las actividades públicas de precandidatos y
candidatos forma parte del análisis ordinario que realiza este centro,
adscrito a Gobernación